El aumento de la recaudación requiere de un sistema que fortalezca la confianza entre contribuyentes y la administración.
De acuerdo con lo expuesto por el director de la Dedecon en DF, las nuevas exigencias se enmarcan en un plan del SII para combatir el crimen organizado -un objetivo de todo legítimo y necesario-, pero que puede tener efectos contraproducentes si no se calibra adecuadamente, en un contexto en que Chile requiere con urgencia dinamizar su economía, atraer inversión y generar empleo formal. Casos como la exigencia de planes de negocios para instalar un kiosco o la solicitud de órdenes de compra a emprendimientos que aún no comienzan a operar son difíciles de justificar desde una perspectiva técnica, y revelan un estándar burocrático que, lejos de favorecer el cumplimiento tributario, puede inhibirlo.
La reflexión de fondo es cómo se aspira a incrementar la recaudación fiscal en el largo plazo. La respuesta no puede venir únicamente de un endurecimiento de los controles ex ante, sino de un sistema que fortalezca la confianza recíproca entre contribuyentes y administración, respete irrestrictamente los derechos del primero, y genere condiciones institucionales y prácticas que promuevan la formalización.
En 2024, la recaudación fiscal en Chile ascendió a 17,6% del PIB, un nivel similar al de hace más de una década, luego de múltiples reformas que entorpecieron alcanzar mayores montos. Organismos como el Banco Mundial han enfatizado que en países de ingresos medios, el factor más determinante para una recaudación sostenida no es el castigo, sino la confianza. Y la exdefensora del contribuyente de EEUU Nina Olson, en una reciente visita a Chile sostuvo que “las salvaguardas para los contribuyentes son de vital importancia en las iniciativas contra la evasión”, pero pretender abordarles después del diseño de dichas políticas es un error.
Chile necesita combatir con decisión el crimen organizado y el uso fraudulento de estructuras empresariales. El SII cuenta con tecnología avanzada y atribuciones para hacerlo, incluyendo el monitoreo en línea de facturas electrónicas y la facultad de restringir operaciones cuando existan indicios concretos. El emprendimiento, especialmente en su fase más incipiente, requiere de un Estado que acompañe, no que obstaculice. Penalizar anticipadamente al pequeño comerciante bajo la lógica de evitar excepciones indeseables es una política contraproducente. La formalización no se logra alzando barreras, sino eliminando fricciones.