Los problemas deben ser enfrentados cuando se están iniciando.
Cuando no se hace, se corre el riesgo de llegar demasiado tarde, que se escapan de las manos y que luego, para resolverlos, se requiera un esfuerzo mucho mayor y más complejo.
Hoy vemos, nuevamente, carreteras y vías urbanas bloqueadas;
esta vez por quienes “defienden” lo que consideran que es su derecho a realizar explotaciones mineras sin haber cumplido los requisitos necesarios para ello.
Es curioso lo que ocurre;
hace un tiempo, la actividad minera era mal vista: que si contaminaba, que si era incompatible con la agricultura, que si no tenía un efecto multiplicador, beneficiando al resto de la economía del país.
Desde hace un tiempo, dejando totalmente atrás el lema de la campaña con la que ganó Ollanta Humala, “Agua sí, oro no”,
ahora resulta que la minería es una actividad que puede ser ejercida sin normas ni control alguno. Y tiene defensores incluso en el Congreso de la República.
Las concesiones para los proyectos mineros que otorga el Estado deben obtener 270 permisos y autorizaciones,
con más de 400 normas involucradas, e interactuar con aproximadamente 30 autoridades gubernamentales. Entre esos permisos están los estudios de impacto ambiental, certificados de inexistencia de restos arqueológicos (ojo con lo ocurrido en las líneas de Nazca), derecho de uso de agua, entre muchos otros. Adicionalmente, deben tener acuerdos con los propietarios de las tierras, así como la llamada “licencia social”, que es la aceptación de la comunidad de un proyecto. No está prevista en ninguna ley, pero sin ella un proyecto puede tornarse inviables.
Mientras un proyecto formal puede tomar hasta diez años en comenzar su ejecución,
la minería ilegal e informal la tienen, obvio, mucho más fácil. Ya el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado por el Estado, tiene tan pocos requisitos (exige solo 5 permisos) que es un mecanismo de facilitación a la minería informal. Esta minería ignora la normativa que se exige a los formales, contamina y no tiene limites.
Entre otras, hay explotaciones ilegales en regiones como Ayacucho, Cajamarca y Arequipa,
en las cuales se dan incluso regímenes de esclavitud. Los trabajadores extraen seis días el mineral para los “dueños” y lo que extraen el séptimo día es para ellos. Entre estas explotaciones, Pataz, en la región de La Libertad, es el caso que mayor atención ha generado por los asesinatos y otros crímenes perpetrados por bandas organizadas, incluso sobre espacios donde hay concesiones legales.
Son harto conocidos los efectos que ha tenido la extracción de oro en Madre de Dios
(que no es la única donde se afectan los ríos, pero sí la más mencionada), así como la corrupción, el deterioro del entorno y las actividades que allí se desarrollan, y que llegan incluso al tráfico humano.
Así, mientras la minería que cumple con la comunidad,
el Estado y el cuidado del ambiente debe esperar 10 años para sacar un proyecto, quienes esta semana han salido a bloquear vías y perjudicar personas y actividades productivas que necesitan movilizarse quieren que simpaticemos con ellos para mantener sus privilegios mientras ocasionan daños irreparables al país.