La mandataria Dina Boluarte ha convocado este lunes, a las 11 a.m., a una mesa de trabajo en Palacio de Gobierno con el presidente del Congreso, la titular del Poder Judicial, el titular de la Comisión de Energía y Minas, los gremios de mineros informales, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Ingemmet y la Defensoría del Pueblo.
¿Qué exigen realmente los mineros informales? Este lunes se reunirán con la presidenta Dina Boluarte para negociar su principal reclamo. Conoce aquí que está en juego.
La mandataria planteará una agenda de tres puntos: la situación de los 31,560 mineros con inscripción vigente en el proceso de formalización, la implementación de derechos laborales para los trabajadores mineros, y la elaboración conjunta de una Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala) que recoja intereses laborales, ambientales y del Estado.
¿Habrá choque de agendas?
Sin embargo, podría haber un choque de agendas. El coordinador general de Confemin, Ismael Palomino, aseguró esta mañana a Perú21 que su gremio plantea como prioridad la derogación del Decreto Supremo N.º 012-2025, norma que extendió el proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre, pero dejó fuera a más de 50 mil mineros con inscripción vencida o suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) desde hace más de un año.
Sobre la Ley MAPE, Palomino señaló que no es una prioridad en este momento para el gremio.
El ministro ya anticipó postura del Gobierno
¿El Gobierno accederá al pedido de reincorporar a los 50 mil excluidos? Antes del anuncio de la presidenta, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, había adelantado que no se cederá en ese punto.
“Se revisarán las normas para pequeños mineros, pero con enfoque en salud y seguridad ocupacional, y para evitar que sean manipulados por quienes dicen defenderlos y en realidad los explotan”, afirmó el ministro.
Millonarias pérdidas para el país
A la mesa de trabajo han sido invitados el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; representantes de los gremios mineros —como Confemin—, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (ingemmet) y el titular de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Paul Gutiérrez.
Durante su pronunciamiento, la presidenta Dina Boluarte fue enfática al rechazar cualquier acercamiento con la minería ilegal. “Los mineros ilegales están al margen de la ley. Con ellos no hay pactos, acuerdos ni diálogo, porque como se ha demostrado en estos días, sus medios son violentos y defienden una actividad destructiva para el país. Nosotros no pactamos con la ilegalidad”, sentenció.
Agregó además que “el objetivo del Reinfo es apoyar a los mineros en la formalización de sus actividades. El minero informal que se formalice recibirá los beneficios que la Constitución y las leyes garantizan”.
En esa línea, Boluarte advirtió que la minería ilegal ha generado este año una pérdida estimada de S/ 7,500 millones para el país, recursos que —según dijo— pudieron haberse destinado a la construcción de 1,500 escuelas primarias rurales, 500 colegios secundarios urbanos, 750 kilómetros de red vial, 750 centros de salud de primer nivel, 375 comisarías distritales, ocho plantas de tratamiento de agua y cuatro centros penitenciarios, entre otras obras clave para el desarrollo.
¿Habrá humo blanco o se romperá la mesa de trabajo? La respuesta, este lunes.
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