Un análisis que realizamos en Escuelas Abiertas revela que solo en el primer semestre de 2025, las clases suspendidas podrían costar al Estado más de US$ 70,4 millones, si no se aplican los descuentos correspondiente.
“Solo en el primer semestre de 2025, las clases suspendidas podrían costar al Estado más de US$ 70,4 millones. ¿Quién paga esa cuenta? Todos los chilenos. Pero sobre todo, los estudiantes más vulnerables”.
Se trata de recursos públicos pagados por servicios no prestados, como subvenciones y sueldos.
En un escenario de restricciones fiscales, este gasto improductivo constituye una grave ineficiencia.
¿Quién paga esa cuenta? Todos los chilenos. Pero sobre todo, los estudiantes más vulnerables.
Cada día de clases perdido es una oportunidad menos de aprendizaje, acompañamiento y desarrollo. Y lo que se pierde, difícilmente se recupera.
La educación ya arrastra una brecha crítica. Según el último SIMCE, el 40% de los estudiantes de 4º básico de colegios públicos tiene un nivel insuficiente en matemáticas.
Esta fragilidad compromete el capital humano del país, afectando productividad futura, cohesión social y movilidad intergeneracional.
Los paros docentes no solo agravan esta tendencia, perpetuan un círculo de desigualdad.
El Colegio de Profesores, que de un total de 263.000 representa menos del 8% de los docentes del país, defiende la legitimidad de estas movilizaciones frente a demandas como la violencia escolar o la infraestructura deficiente.
Sin embargo, utilizar la suspensión de clases como método de presión, afectando a más de un millón de estudiantes, constituye un quiebre con el sentido público de la profesión docente.
Además, todas estas paralizaciones son por esencia ilegales.
La Contraloría General de la República ya ha instruido aplicar los descuentos correspondiente, medida que busca de una vez por todas garantizar el uso correcto de los recursos del Estado.
El debate de fondo es claro: no puede haber política educativa creíble si no se garantiza la continuidad del servicio escolar. La confianza en la educación pública se erosiona cuando las interrupciones no tienen consecuencias.
Por ello, urge avanzar en el Proyecto de Ley que declara la educación como un servicio esencial, estableciendo reglas claras sobre descuentos y desvinculación, cuando corresponda.
No se trata solo de eficiencia fiscal: se trata de asegurar el derecho de los niños a aprender todos los días. Si no lo entendemos así, seguiremos hipotecando el futuro del país.