Enrarecida está la escena de las tierras raras.
Representantes de Aclara Resources, la empresa tras el proyecto en Penco, presentaron en febrero un recurso de protección ante los presuntos administradores de cuentas de redes sociales que atacan la iniciativa. Argumentaban que las publicaciones enlodan la reputación y el buen nombre de la compañia. La Corte de Apelaciones de Concepción falló a favor de la minera y ordenó eliminar los posteos aludidos. A continuación, sin embargo, la Corte Suprema revirtió la decisión. No porque el recurso en sí careciera de fundamentos, sino que porque no había certeza de quién estaba detrás de la mentada cuenta de redes sociales.
Cuando hablamos de tramitación de proyectos, la opacidad del wild west de Internet puede ser problemática, pero más lo es cuando se da en instancias institucionales de participación ciudadana.
Nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental no establece criterio alguno para admitir participación. Todos caben, independiente de cuánto los afecte la iniciativa en observación, o de los intereses que pudieran beneficiarse de la ralentización o cancelación de la misma.
“En la tramitación de proyectos, la opacidad del wild west de internet puede ser problemática, pero lo es más en instancias institucionales de participación ciudadana”.
No es razonable.
La regulación debe desplazarse desde la pretensión de una apertura sin límites en que hoy se encuentra, hacia una posición que equilibre la necesaria participación ciudadana con la funcionalidad del proceso. Y hablo de funcionalidad no solo por lo que implica para el titular ser tapizado de observaciones, sino además por el desgaste que significa procesarlas para los funcionarios públicos que administran el sistema.
En Chile, el derecho procesal reconoce hace mucho el concepto de legitimación activa. Esto es, la relación que debe existir entre una persona que reclama, e intenta con ello activar la jurisdicción, y una situación determinada que supuestamente le afecta.
Nadie discute que quien vive dentro del área de influencia de un proyecto debe gozar del derecho a ser escuchado. Dicho eso, el sistema debiera impedir que organizaciones puramente oportunistas aprovechen la instancia con el objetivo de solo detener o ralentizar; cuando no lucrar o incluso chantajear a los titulares de los proyectos. La participación ciudadana formal debe transformarse en un espacio para organizaciones consolidadas, con cierto grado de arraigo en el territorio o al menos una reconocida trayectoria nacional que permita seguir su historia. El multi-rut también es dañino en sede ambiental. Estas organizaciones deben estar sujetas a estándares más altos de transparencia en materia de financiamiento, composición y trayectoria.
¿Que algunas organizaciones oportunistas seguirían utilizando a comunidades como pantalla? Sí, ocurriría, pero al menos ya nos moveríamos en un entorno contenido en que los engaños son en principio identificables y no, como experimentó Aclara, en algo peligrosamente cercano al wild west de Internet.