Su atrincheramiento, vigilia, convocatoria de personal como portátil, y haberse negado hasta a dialogar con Patricia Benavides, le costarían su carrera a Delia Espinoza. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) le abrió una investigacion preliminar que conduciría a su destitución.
“Por su actuación como fiscal suprema y Fiscal de la Nación, por los Hechos Nos. 01, 02, 03 y 04 “a”- extremo referido al hecho de haber instigado a que el personal fiscal y administrativo del Ministerio Público, el día lunes 16 de junio de 2025, en horas de la tarde, a fin de que se constituyeran al Piso 9 de la Fiscalía de la Nación, y permanecieran por espacio de 4 horas aproximadamente, a fin de evitar dar cumplimiento a lo ordenado mediante Resolución N.º 231-2025-JNJ”, señala la reciente decisión.
La decisión se enmarca en la I.P. N.º 012-2025-JNJ, y responde a la supuesta comisión de cuatro hechos graves: abuso del poder para impedir el retorno de Benavides, usurpación del cargo de Fiscal de la Nación tras haber sido cesada, negativa a entregar el cargo oficialmente, e instigación a fiscales y trabajadores del Ministerio Público para resistirse a la restitución de la exfiscal.
Los hechos descritos por el denunciante, Luis Miguel Caya, se refieren a la lucha por el poder de un sector manejado por la llamada mafia caviar, frente a abogados como Benavides o Tomás Gálvez, quienes fueron destituidos con procedimientos ilegales.
“Abuso de poder e instrumentalización del cargo”, es uno de los actos que sería falta grave. “No solo no la atendió, sino que ordenó levantar actas sin sustento legal”, se indica.
Otros hechos son la usurpación de funciones (Espinoza continuó actuando como titular del Ministerio Público, diciendo “nadie me sacará de aquí”), rehusamiento de actos funcionales (no convocó a la Junta de Fiscales Supremos en su momento), uso indebido del personal fiscal.
En paralelo, la JNJ declaró improcedente uno de los extremos de la denuncia (específicamente, el referido a una presunta infracción penal) por no ser de su competencia, dejando a salvo el derecho del denunciante a presentar el caso ante las autoridades judiciales correspondientes.
Asimismo, se desestimó el pedido de suspensión preventiva en el cargo formulado por el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar contra Delia Espinoza.
La fiscal investigada tiene un plazo de diez días hábiles para presentar su informe de descargo y adjuntar las pruebas que considere necesarias, pudiendo acceder al expediente y realizar trámites mediante la mesa de partes virtual de la JNJ. La investigación estará a cargo de la miembro instructora María Teresa Cabrera Vega.
Hace unas semanas, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y los fiscales supremos Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos por el caso Patricia Benavides.
Se les atribuye infracción constitucional y supuesta resistencia o desobediencia a la autoridad por “negarse” a reponer a Benavides como fiscal de la Nación tal como pretende la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Debido a que se atribuye infracción constitucional, el informe final podría proponer la inhabilitación por hasta 10 años de Delia Espinoza y los fiscales supremos Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos.
