Una serie de actores jugarán un rol clave en la implementación de la reforma previsional.
Justamente, una de las áreas que concentra mayor interes por parte del mercado es la construcción del nuevo régimen de inversiones de los fondos generacionales que se crearán con la ley, los que van acompañados de carteras de referencia y premios y castigos para las administradoras, según desempeo.
En ese contexto, no solo la consultora que se adjudique la licitación cumplirá un rol crucial, proceso para el cual solo está en carrera la firma internacional Mercer, que presentó oferta y cumplió con los requisitos básicos, pero que ahora deberá ser analizada por la comisión evaluadora que estableció el regulador y cuyo resultado se informará el 7 de agosto. Además, el Consejo Técnico de Inversiones (CTI) y el Ministerio de Hacienda tendrán relevancia en el proceso.
El CTI deberá trabajar con la Super de Pensiones en el proceso de construcción del régimen de inversiones y a partir de 2026 tendrá una composición distinta de la entidad, donde las AFP ya no tendrán representante, tal como quedó establecido en la ley.
El miembro del CTI designado por las administradoras cesará en su cargo el primer día del tercer mes siguiente a la publicación de la Ley N°21.735 que se originó con la aprobación de la reforma previsional.
El Banco Central es una de las instituciones que tiene un cupo, pero el cargo quedó vacante cuando el ente emisor decidió nombrar al economista Claudio Raddatz -exintegrante del CTI- en la gerencia de la División de Política Financiera del Central, en reemplazo de la abogada Rosario Celedón, quien asumirá el 1 de agosto como consejera del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).
Fue en ese marco que el Banco Central ya inició la búsqueda de su nuevo representante al CTI, proceso de selección cuyas postulaciones fueron prorrogadas hasta el 8 de agosto para que los interesados apliquen al proceso.
Otros cambios
La reforma también modificó el foco de los dos consejeros que son designados por las universidades. Según el cuerpo legal, se establece que al menos uno de ellos debe caracterizarse por sus conocimientos en materia financiera, mientras que el requisito que regía con el sistema antiguo contemplaba expertise en macroeconomía.
La remuneración de los consejeros asciende a 17 UTM por cada sesión, con un máximo de 34 UTM al mes. Así, la dieta para dicho rol va desde $ 1,1 millones y $ 2,3 millones.