Donald Trump solicitó a un juez que ordene a Rupert Murdoch prestar declaración dentro de 15 días en la demanda por difamación de US$ 10 mil millones que interpuso contra The Wall Street Journal por un artículo sobre Jeffrey Epstein. Adujo que se justifica un calendario acelarado debido a la avanzada edad del ejecutivo.
En un escrito presentado este lunes ante el tribunal, el abogado de Trump sostuvo que se debería exigir a Murdoch que responda a las preguntas preliminares para que puedan conservarse para el juicio, a pesar de que la demanda fue presentada la semana pasada. Murdoch, de 94 años, ha sufrido “múltiples problemas de salud a lo largo de su vida”, incluso recientes, según el escrito. Citó informes de este año que señalan que el ejecutivo se habría desmayado durante un desayuno en Londres.
“En conjunto, estos factores pesan mucho a la hora de determinar que Murdoch no estaría disponible para testificar en persona en el juicio”, afirmó el abogado de Trump en el escrito presentado ante el tribunal federal de Miami.
Trump, de 79 años, presentó la demanda el 18 de julio. Acusa a Murdoch, News Corp. y a la empresa controladora de The Wall Street Journal, Dow Jones & Co., de dañar su reputación con un artículo que afirmaba que había enviado una tarjeta de cumpleaños con insinuaciones sexuales a Epstein.
Trump ha enfrentado recientemente una tormenta de críticas por la gestión del gobierno de los documentos relacionados con Epstein, quien falleció en la cárcel en 2019 tras haber sido acusado por tráfico sexual de menores.
Trump afirma que la supuesta carta a Epstein es falsa y que así se lo comunicó a Murdoch antes de que se publicara la noticia. Dow Jones ha señalado que confía en la veracidad del artículo y que se defenderá ante los tribunales.
La administración Trump ha estado intentando desclasificar las transcripciones del gran jurado relacionadas con Epstein, tras las acusaciones de que funcionarios de EEUU ocultaban documentos e información vinculados al caso de tráfico sexual. La semana pasada, una jueza federal denegó la solicitud del gobierno, argumentando que está obligada por las decisiones de tribunales locales que restringen la divulgación de las transcripciones del gran jurado.