La Presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que en junio del 2026 su Gobierno cumplirá con el último tramo del incremento remunerativo para el personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas con el cual se había comprometido.
«Este año hemos cumplido con dos tramos; en diciembre se aplicará el tercero. Al finalizar mi gobierno, habremos cumplido con el último tramo», mencionó la mandataria durante su mensaje por Fiestas Patrias ante el Congreso de la República.
Estos incrementos, destacó, beneficiarán a más de 180 mil efectivos policiales y militares, así como a más de 140 mil pensionistas. «Reconocemos así el trabajo esforzado de nuestros policías (….) Con ello, se dejará implementada una escala digna, unificada y tranparente”.
Boluarte recordó que este proceso de mejora salarial responde a un compromiso asumido en su mensaje del 28 de julio de 2024, y que fue posible gracias a la aprobación de la Ley N.º 32185 y el Decreto Supremo N.º 005-2025-EF, que establecen aumentos progresivos a la remuneración consolidada.
La jefa de Estado también informó que se viene ejecutando el Plan Estratégico de Modernización del Equipamiento Policial 2025–2030, con una inversión de más de 9,200 millones de soles, que incluye la adquisición de 31,000 pistolas, 7,300 fusiles, 1,400 vehículos, equipos de protección, criminalistica y comunicación.
A la par, destacó que este año la PNP ya ha realizado más de 570 mil operativos, con los que se espera desarticular más de 14 mil bandas y 250 organizaciones criminales, reforzando así su capacidad operativa.
“Manteniéndonos unidos, la criminalidad no nos doblegará”, puntualizó en el Parlamento Nacional, donde se han reunido los congresistas de la República y ministros de Estado.
INSEGURIDAD
La lucha contra la inseguridad ciudadana se mantendrá como una prioridad para el Gobierno este año. Así lo anunció la presidenta Dina Boluarte durante su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, donde adelantó que para el cierre del 2025 se proyecta superar las 1 millón 150 mil intervenciones policiales en todo el territorio nacional.
De cumplirse esta proyección, se espera desbaratar aproximadamente 14 mil bandas delictivas y 250 organizaciones criminales, reafirmando el compromiso del Ejecutivo con una política de seguridad firme y sostenida.
La mandataria resaltó que estas acciones son parte de una estrategia integral liderada por la Policía Nacional del Perú (PNP), dentro del marco del Plan Perú Seguro, y en coordinación con el Ministerio Público. Esta ofensiva busca debilitar a las mafias que operan en sectores clave como la extorsión, el narcotráfico, la trata de personas y el sicariato.
Boluarte también mencionó que estos resultados serán posibles gracias al fortalecimiento logístico de la PNP, con la incorporación de nuevos efectivos, adquisición de patrulleros y tecnología para el patrullaje inteligente.
Sostuvo que se han bloqueado “más de 3,5 millones de celulares robados” a ciudadanos. Ello durante su mensaje por Fiestas Patrias en el Congreso.
Dijo que ello se concretó a través del sistema Renteseg (Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad) del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
“Este año bloqueamos dispositivos no registrados y proyectamos retirar hasta 900 mil equipos ilegales de circulación”, indicó.
MINERÍA ARTESANAL
De otro lado, Boluarte resaltó las acciones de su gestión para impulsar la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, distinguiéndola de la minería ilegal.
La mandataria enfatizó que el gobierno respalda a más de 2,500 unidades de producción minera artesanal que operan conforme a la ley.
Según lo expuesto, estas unidades se organizan para crear un fondo minero privado que facilitaría su acceso a financiamiento, asistencia técnica y servicios especializados, con el objetivo de mejorar su competitividad.
Las proyecciones oficiales estiman que, al cierre de 2025, este sector generará más de 300 mil empleos directos y ventas anuales superiores a los 5 mil millones de dólares.
En su discurso, el Ejecutivo reafirmó su compromiso con una minería formal, responsable y sostenible, señalando que la minería ilegal no tiene cabida en el desarrollo del país debido a sus impactos negativos en el ambiente, la salud y la seguridad.
La estrategia gubernamental busca, además de erradicar la ilegalidad, fortalecer las capacidades de los pequeños mineros para integrarlos en cadenas de valor formales y contribuir al desarrollo económico local y nacional.
