Este viernes, el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), un organismo que creó la reforma previsional para la administración del Seguro Social que se originó con la nueva ley, iniciará sus operaciones. Pero no es la única entidad que tiene el reto de comenzar “desde cero”. Son varias las legislaciones que traen aparejada la creación de instituciones. El denominador común: el desafío de la coordinación en medio de múltiples órganos, pero también que lo escrito en la legislación sea posible en la práctica.
Este viernes el recientemente creado Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) iniciará sus operaciones.
La celeridad en la implementación también es un factor a considerar y, en el caso del FAPP, se dio en tiempo récord. A tres meses de la publicación de la ley, ya se habían cumplido todos los hitos de su instalación, destacan desde el Ministerio de Hacienda. Si bien la etapa previa estaba definida en un artículo transitorio de la ley, en la cartera explican que el legislador contempló que ese listado podía ser insuficiente y estableció una facultad genérica que permitió avanzar un poco más con aquellas cosas que permitían garantizar el correcto funcionamiento del organismo.
Por ello, dicen, es que además de cumplir con el calendario, se avanzó en acciones clave que no estaban exigidas, pero eran fundamentales para una instalación efectiva.
La fase de preinstalación termina formalmente hoy cuando asume el Consejo. “Los próximos pasos son los que indica la ley, destacándose hitos relevantes como el inicio de las recaudaciones en agosto, el inicio del pago de los beneficios en enero, la limitación de cartera para 2026, entre otros”, delinean.
Otro caso es la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), que se creó en el marco de la Ley que Moderniza la Legislación Tributaria y que comenzó a operar en febrero de 2022. “Armar un servicio público desde cero nunca es sencillo”, sincera el defensor nacional del contribuyente, Ricardo Pizarro.
Fue un reto también -añade- crear una cultura de trabajo con el resto de los organismos tributarios del Estado, ya que “si bien la normativa era clara, hubo detalles procedimentales en la implementación técnica y legal que hemos tenido que ir resolviendo en el tiempo”.
Consultado por si han podido percibir en la instalación la necesidad de algún ajuste legal, Pizarro indica que uno de los aspectos legales que se podría evaluar “es la ampliación de las facultades de los reclamos que la Defensoría puede hacer ante el Tribunal Tributario y Aduanero, que podrían ser ante problemáticas generales y no sólo por vulneración de derechos, siempre dentro del ámbito tributario, por cierto”.
Otro aspecto a considerar sería el fortalecimiento del rol de mediación que ejerce la Defensoría del Contribuyente entre los contribuyentes y la autoridad tributaria, siendo necesario dotar a la institución de mayores facultades legales, y añade que un desafío a largo plazo será avanzar en el fortalecimiento y ampliación de la cobertura territorial.
Permisos y SBAP
Pero la lista sigue. La recientemente aprobada Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dentro del Ministerio de Economía, encargada de coordinar, monitorear, asesorar y operar el sistema. Su jefatura será designada por Alta Dirección Pública (ADP), pero sus pasos a seguir serán determinados por los plazos que sigan a la promulgación de la ley.
Por otro lado, tras 12 años de tramitación, en junio de 2023 el Congreso despachó la Ley para la Naturaleza, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el cual representa el último componente pendiente en la institucionalidad ambiental chilena. Hoy se está abocado al proceso de instalación y está en curso la elaboración de 14 reglamentos que vienen a complementar lo señalado en la ley.
Para la directora del SBAP, Patricia Ibáñez, el marco legal de la ley proporciona un mandato que permite orientar: “No obstante, como ocurre en todo proceso de implementación institucional, hay aspectos que la ley deja abiertos o que requieren desarrollo reglamentario”.
Uno de los principales desafíos -puntualiza- ha sido compatibilizar el diseño normativo con las condiciones reales de implementación: “La transición desde Conaf en materia de áreas protegidas y la articulación con otros servicios públicos; y la necesidad de construir sistemas completamente nuevos, como el Sistema de Información de la Biodiversidad, los casi 30 instrumentos de conservación que contempla la ley, o los procedimientos propios de fiscalización ambiental en biodiversidad”.
“Así, como el desafío más importante es lograr instalar en esta nueva institución una cultura organizacional cohesionada, basada en una visión de futuro compartida”, dice. Y recalca: “Por ahora, el foco está en implementar con responsabilidad y consolidar capacidades de cara al inicio de operaciones, el próximo 1 de feberero”. Y es que uno de los principales problemas al crear nuevas instituciones, afirma el abogado de LyD, Simón Pinto, es que “el diseño en la ley no garantiza por sí solo una buena implementación”, de ahí que -a su juicio- estos nuevos entes “suelen insertarse en un Estado que ha crecido de manera inorgánica, acumulando órganos con funciones solapadas y escasa coordinación”, apunta como uno de los mayores retos a abordar.
El rol del Servicio Civil
La Dirección Nacional del Servicio Civil cumple un rol crítico a la hora de buscar profesionales con mérito y capacidad de gestión para asumir cargos públicos vinculados a la nueva institucionalidad. Donde ha estado particularmente activa es en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) o el Ministerio de Seguridad Pública, entre otros. Pero su labor no solo se circunscribe a la búsqueda de perfiles. “También acompaña a las autoridades y equipos de las nuevas instituciones en la instalación de capacidades para el desarrollo de sus procesos de selección, en la implementación y gestión de los distintos procesos en el área de gestión de personas, y en la gestión de sus instrumentos normativos”, precisan. Lo anterior, mencionan, tiene que ver con la generación de condiciones institucionales que permitan instalar una gestión de personas que aborde el ciclo de vida laboral, con foco en la entrega de servicios de calidad para la ciudadanía.