Ahí van otra vez. Amenazando. Poniendo condiciones, chantajeando, tratando de violentar el diálogo. Han transcurrido apenas dos semanas desde que se instaló la mesa técnica sobre la formalización minera y los mineros informales ya advirtieron que en la reunión que deben tener esta mañana patearán el tablero si no hacen caso a sus reclamos.
Su abogado, Humberto Abanto, adelantó que pedirá que la JNJ reincorpore a Benavides como fiscal suprema debido a que ya venció su mandato como titular del Ministerio Público.
Ismael Palomino, representante de la Confederación de Mineros Artesanales del Perú (Confemin), anunció ayer que están evaluando suspender su participación en esta mesa de diálogo con el Ejecutivo y retomar sus protestas en las calles si no atienden sus exigencias.
Esta es la segunda amenaza que lanzan los informales tras levantar sus protestas en julio pasado en la que bloquearon vías y se enfrentaron a la Policía.
El mismo día de la instalación de la mesa, y poco antes de ingresar a la sede de la PCM, Máximo Franco, asesor de esta confederación, había advertido que su gremio se retiraría del diálogo si no se paralizan de inmediato las interdicciones y no se revoca la exclusión de 50 mil mineros del Reinfo, dispuesta por el Decreto Supremo 012-2025.
Así, con ese ultimátum de este dirigente arequipeño afiliado a Renovación Popular, —un partido con representación congresal—, se sentaron a la mesa los informales.
Franco fue el mismo que convocó públicamente a los ronderos a tomar la capital, apenas se conoció que la Comisión de Energía y Minas rechazó el predictamen que pretendía favorecer a los mineros ilegales.
Ahora es el ayacuchano Palomino el que dinamita la mesa. El vocero de los informales, y también afiliado a Renovación Popular, ha justificado su amenaza señalando que, tras cinco mesas de diálogo, dos con la PCM y dos con un subgrupo de trabajo, no se ha conseguido ningún resultado favorable para su gremio.
Una de las exigencias puestas sobre la mesa por los informales es la modificación de un Decreto Supremo que establece un plazo para obtener hasta el 17 de agosto la autorización de uso de explosivos, tiempo que ellos consideran inalcanzable.
El representante de Confemin sostuvo que la exigencia del decreto no se ajusta a la realidad del país, donde existen pocos almacenes aptos para guardar explosivos. “Se necesitarían al menos 31 mil polvorines, pero esa infraestructura no existe ni en proyección”, afirmó. Agregó que la mayoría de estos pertenece a privados y su disponibilidad depende de terceros.
Palomino estimó en cinco meses el tiempo para cumplir con ese trámite, esto sería en diciembre, por lo que recomendó que se amplíe sin fecha fija.
En conversación con Perú21 exigió al Ejecutivo que a la reunión de esta mañana llegue con el decreto supremo donde se especifica la modificación de este plazo, caso contrario se levantarán de la mesa y darán por finalizada su participación, señalando que evaluarían la posibilidad de levantar la tregua pactada con el Gobierno y reactivarían sus movilizaciones de protestas en todo el país, incluido el ilegal bloqueo de carreteras.
Esa es la manera de dialogar y buscar consensos para los mineros informales. Palomino aseguró que su posición es compartida por la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros, cuyo presidente, Celso Cachajagua, participó de la primera mesa, y con la que comparte la misma plataforma de lucha y agenda de exigencias, por lo que los dos gremios se levantarían de la mesa en caso esta mañana el Ejecutivo rechace su pedido.
La exclusión de 50 mil mineros del Reinfo es otro punto pendiente en la mesa. Palomino señala que su gremio está a la espera del informe del Ministerio de Justicia sobre si se vulneraron los derechos de estos mineros con la resolución del Ejecutivo.
“ARREBATO”
A las mesas convocadas por la PCM también asisten Adolfo Valverde, asesor legal del Confemin, militante de Perú Libre; además de Luis Mayta y Tony Torres. Para esta mañana debe hacerse presente en la reunión un representante del frente de Chumbivilcas.
Iván Arenas, especialista en temas mineros calificó esta amenaza de los mineros informales como “un arrebato” y adelantó que el Ejecutivo no va a ceder a sus reclamos.
“En estos momentos la única posibilidad que les queda es solo presionar, pero el Gobierno no va a extender el plazo que exigen”, explicó el analista político a este diario.
La mesa está programada para las 10 de la mañana en la sede de la PCM.
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