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Un lastre para la economía y la sociedad mexicana. En México, la extorsión y el cobro de derecho de piso se han convertido en una práctica delictiva cada vez más extendida, con graves consecuencias para la economía y la sociedad. Este fenómeno, que afecta principalmente a pequeños y medianos empresarios (PYMES) y a personas que trabajan por cuenta propia, se ha convertido en un impuesto ilegal que lastra el desarrollo económico y genera un clima de inseguridad y miedo.
La extorsión y el derecho de piso son un problema complejo en el que se entrelazan diversos factores, como la debilidad del Estado de derecho, la corrupción y la impunidad. Las organizaciones criminales, amparadas en la falta de acción de las autoridades, han encontrado en estas prácticas una fuente de ingresos ilícitos que les permite fortalecer su poder y su capacidad de operación.
Las consecuencias económicas de la extorsión y el derecho de piso son devastadoras. Las PYMES, que representan el motor de la economía mexicana y generan una parte importante del empleo, se ven obligadas a destinar una parte significativa de sus ingresos al pago de extorsiones, lo que reduce su rentabilidad y su capacidad de inversión. En muchos casos, los empresarios se ven abocados a cerrar sus negocios ante la imposibilidad de hacer frente a esta situación, lo que genera desempleo y pobreza.
Pero la extorsión y el derecho de piso no solo tienen un impacto económico, sino también social. El miedo y la inseguridad que generan estas prácticas corroen el tejido social y dificultan la convivencia pacífica. Las víctimas de la extorsión y el derecho de piso se sienten desprotegidas y vulnerables, lo que afecta su calidad de vida y su bienestar emocional.
La tolerancia y la alianza de algunas autoridades con las organizaciones criminales son un factor que agrava aún más este problema. La corrupción y la falta de voluntad política para combatir la extorsión y el derecho de piso permiten que estas prácticas sigan proliferando y extendiéndose por todo el territorio nacional.
Se requiere una estrategia integral que involucre a todas las instancias de gobierno y que combine acciones de prevención, investigación y sanción. Es necesario fortalecer el Estado de derecho, combatir la corrupción y la impunidad de los delincuentes.
Asimismo, es importante que la sociedad civil se involucre en la lucha contra la extorsión y el derecho de piso. La denuncia y la colaboración con las autoridades son fundamentales para desarticular las organizaciones criminales y llevar a los responsables ante la justicia. Esto no sucede por temor a represalias y a la colusión de las mismas autoridades.
La extorsión y el derecho de piso representan un lastre significativo para la economía de México, aunque cuantificar su impacto exacto en el Producto Interno Bruto (PIB) es un desafío debido a la naturaleza clandestina de estas actividades. Sin embargo, se estima que estas prácticas ilícitas representan el 2% del PIB (más de 500 mil mdp anuales) y que generan pérdidas multimillonarias que afectan a diversos sectores productivos, limitando el crecimiento económico del país, tanto en inversión, empleo formal y desarrollo regional.
En cuanto a los estados donde este problema es más grave, no existe una fuente única y oficial que proporcione datos precisos y actualizados sobre la incidencia de la extorsión y el derecho de piso en todo el país. Sin embargo, diversas investigaciones y reportes de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación señalan que algunos de los estados más afectados por estas prácticas delictivas son: Estado de México, CDMX, Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Guerrero, Puebla, Chiapas y Jalisco.
Es importante señalar que la extorsión y el derecho de piso son problemas que afectan a todo el país, aunque con mayor incidencia en algunas entidades.
Existen otros países en el mundo donde se presentan fenómenos similares, aunque con características y contextos específicos y diferentes al mexicano. Algunos de estos países son:
Colombia, El Salvador, Nigeria Honduras e Italia.
El gobierno estadounidense ha expresado su preocupación por la situación de violencia y criminalidad en México, incluyendo la extorsión y el derecho de piso. Estados Unidos ha ofrecido apoyo y cooperación a México en el combate contra el crimen organizado y la lucha contra la impunidad. Sin embargo, han sido objeto político de debate y críticas, especialmente en lo que se refiere a la cooperación en materia de seguridad y el impacto de la política de drogas en la violencia en México.
La extorsión y el derecho de piso son problemas complejos con raíces profundas en factores económicos, sociales y políticos. No existe una solución única o fácil para este problema, y se requiere un enfoque integral que involucre a todos los niveles de gobierno, la sociedad civil y la cooperación internacional.
Definitivamente los grupos de narcotraficantes están involucrados en la extorsión y el cobro de derecho de piso en México, en los últimos años han diversificado sus actividades y han incursionado en otros delitos, como la extorsión y el cobro de derecho de piso, para aumentar sus ingresos y su poder.
Control del territorio y de la economía local. Estos grupos utilizan la extorsión y el derecho de piso como una forma de control territorial y para ejercer presión sobre la economía local. Al extorsionar a negocios y empresas, los cárteles se aseguran una fuente de ingresos constante y también imponen su autoridad en la región.
La impunidad y la falta de Estado de derecho. La impunidad y la falta de Estado de derecho en México facilitan la participación de los narcotraficantes en la extorsión y el cobro de derecho de piso. La falta de investigación y sanción de estos delitos permite que los grupos criminales operen con impunidad y sigan expandiendo sus actividades ilícitas. Las víctimas principales: PYMES y población en general.
Los negocios locales se ven obligados a pagar cuotas extorsivas para poder operar, mientras que los ciudadanos también pueden ser víctimas de extorsión y amenazas por parte de estos grupos criminales. El uso y estímulo del efectivo es factor, por lo que las autoridades financieras deberían poner límite al pago y depósitos en efectivo.
Es importante destacar que la participación de los narcotraficantes en la extorsión y el derecho de piso agrava aún más la situación de inseguridad y violencia en México. Este problema se suma a la situación actual con los Estados Unidos con relación a la migración, el tráfico de drogas y limita la integración comercial de las PYMES en las cadenas productivas. Podemos decir en la narrativa que la economía mexicana es muy fuerte, y que hay mucho apoyo a las políticas públicas. Pero así como se llegó a un acuerdo con los Estados Unidos para evitar por lo menos un mes los aranceles. Hay que aplicarse en este tema interno que ya es una prioridad.
El sector financiero puede jugar un papel crucial en la disminución de la extorsión y el cobro de piso a través de diversas estrategias y acciones:
– Fortalecimiento de medidas de seguridad:
Implementación de protocolos de seguridad robustos.
Monitorear las transacciones de los clientes para identificar patrones inusuales o sospechosos que puedan indicar extorsión o cobro de piso.
Capacitación del personal para identificar y reportar actividades sospechosas relacionadas con la extorsión.
– Colaboración con autoridades:
Intercambio de información.
– Educación y sensibilización:
Talleres y charlas a empresas y emprendedores sobre cómo protegerse de estas prácticas delictivas.
– Desarrollo de herramientas tecnológicas:
Plataformas de denuncia anónima que permitan a las víctimas denunciar de forma anónima la extorsión y el cobro de piso.
Sistemas de alerta temprana que permitan a los clientes recibir notificaciones sobre transacciones sospechosas o inusuales.
– Fomento de la cultura de la denuncia:
Canales de denuncia accesibles y seguros para que las víctimas puedan reportar la extorsión y el cobro de piso sin temor a represalias.
Protección de testigos y víctimas que denuncien estos delitos.
– Apoyo a emprendedores y PYMES:
Créditos y financiamiento a tasas accesibles para apoyar a emprendedores y PYMES que han sido víctimas de la extorsión y el cobro de piso.
Asesoría financiera y legal a las víctimas para que puedan recuperarse y fortalecer sus negocios.
El sector financiero puede contribuir de manera significativa a la disminución de la extorsión y el cobro de piso, protegiendo a sus clientes y fortaleciendo la economía productiva.
X: @MarioSanFisan | CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE [email protected]
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