La filmación sórdida y viralización de un video del secuestro y posterior asesinato de 13 mineros en Pataz fue la gota que rebalso el vaso para que el congreso decida interpelar al Premier pidiendo su cambio y el de todo el gabinete. El primero en salir vergonzosamente a negar los hechos fue el Premier Adrianzén, ¿Dónde estaban sus órganos de inteligencia?? En cualquier gobierno medianamente decente, una información falsa sería motivo para relevar de sus cargos en el acto a los directores de inteligencia nacional y del interior, luego el ministro del interior da declaraciones a la prensa indicando que el problema de Pataz y la minería ilegal, data de hace por lo menos 15 años, manifestando que mafias tienen armamento de guerra y mucho poder económico, declaraciones timoratas de quien debería velar por nuestra seguridad. Para terminar, y como si fuera poco, se acaba de anunciar la medida estrambótica de que se asignarán mil efectivos policiales a la zona, es decir, ¿dejaran las ciudades a la suerte del sicariato, la extorsión y el robo de sus ciudadanos?.
Para quienes venimos estudiando el problema de la minería informal durante años en el Perú, la solución está básicamente en romper el canal de suministro logístico para poder desarrollar este tipo de actividades delictivas. La minería de este tipo requiere de grupos electrógenos potentes, taladros neumáticos, mucho combustible y otros enceres que bien controlados podrían limitar que este tipo de delitos se produzcan. Basta con ver quiénes importan dichos equipos y controlar su venta. La estrategia de implementar una base de las fuerzas armadas en la zona debe ser reorientada, instalando un cuartel del nuevo escuadrón para la lucha contra la minería ilegal, batallón integrado por policías recién asimilados, ex militares que habiendo cumplido su servicio militar en unidades contra terroristas, con el grado de sargento, deseen reengancharse. Esta nueva unidad debe crearse y ser financiada por las empresas mineras, tipo las águilas negras que son financiadas por las entidades bancarias, es imprescindible que estén debidamente equipadas para enfrentarse dentro de los socavones contra estas mafias, todo esto debe ser apoyado por un marco normativo aprobado por el congreso, donde faciliten las labores antes indicadas, pero también endurezcan los tipos penales de posesión de armas, tráfico de combustible y venta de insumos para la minería ilegal, asimismo es urgente que se establezcan eximiciones de responsabilidad penal para miembros de las fuerzas del orden, por el uso de armas con posterior muerte de delincuentes minero terroristas.
Solo trabajando juntos, Congreso, Policía Nacional, fuerzas armadas y empresas mineras, podrán acabar con estos delincuentes, miserables que ya demostraron no ser merecedores de llamarse seres humanos.