No deja de sorprender como la agenda legislativa esta desconectada de la situación país.
En las ultimas semanas hemos visto la aprobación de la “ley de permisologia” que, aunque limitada en su efecto, hace eco de un diagnóstico transversal y apunta en la dirección correcta. Esa ley incluyó algunas materias tributarias como la extensión de la tasa de 12,5% para las PYME hasta el 2027, para luego dejarla en 15%.
El 16 de julio, en tanto, ingresó un proyecto que busca eliminar el tope de 11 años en la indemnización por años de servicio, en un contexto de crisis económica, alto desempleo e informalidad al alza. Con igual sorpresa vemos la propuesta de eliminar la UF, instrumento que ha probado ser crítico para una economía fluctuante como la chilena, que ha enfrentado índices de inflación de dos dígitos no hace mucho tiempo.
Si los candidatos presidenciales están con el mismo foco en crecimiento y empleo, ¿por qué los legisladores proponen medidas que debilitarían esos programas?
Por último con fecha 21 de julio se presentó un proyecto que busca beneficiar a las PYME con distintos regímenes de tributación; difiere en un año el reevalúo de propiedades para efectos de contribuciones, incorpora un límite de 5% de los ingresos anuales para las contribuciones de los adultos mayores que pertenezcan al 60% más vulnerable y entrega beneficios tributarios a personas naturales en educación y vivienda. Como contrapartida, propone aumentar la tasa de impuestos al trabajo a los segmentos más altos, aplicando la de 38% y 40% a los tramos de $8 millones y $10 millones mensuales, respectivamente.
De este último proyecto llaman la atención varios aspectos. En cuanto a las PYME se proponen varios sistemas de tributación que complejizan muchísimo el marco normativo, se propone llegar a la tasa de 20% subiendo dos puntos cada año a partir de 2029. Todo lo anterior cuando recién se aprobó el proyecto de permisologia con el impac ya referido en las PYME.
Respecto de las contribuciones se propone diferir en un año el reevalúo, como si aquello fuese en sí mismo una medida pro-contribuyente, cuando lo que se difiere en realidad es la discusión de fondo. La doctrina recomienda que el reevalúo se realice en forma periódica, pero con limitaciones en su alcance (California se limita al 2% al anual, a menos que exista compra del inmueble), así se mitiga la volatilidad del impuesto, pero al mismo tiempo va dosificando su alza. La discusión que se debe abordar es la legitimidad de este impuesto en el marco impositivo chileno, los problemas de liquidez de los contribuyentes y el uso de la recaudación.
Si los candidatos presidenciales están con el mismo foco en crecimiento y empleo y representan a todos los partidos políticos, ¿por qué los legisladores proponen medidas que debilitarían esos programas? ¿Por qué el Ejecutivo en los últimos 10 minutos del partido sigue insistiendo en pasar una reforma tributaria “a los ricos”, ya ampliamente resistida?
Dado el contexto país, parece legítimo pedir consistensia entre la realidad, las campañas presidenciales y la agenda legislativa. Un mínimo de coherencia.