El primer capítulo ocurrió a fines de mayo, cuando el gerente general de Andes Salud, Gonzalo Grebe, que representa a esta firma en el directorio de la Clínica Isamédica -donde tienen una participación minoritaria-, demandó por concepto de indemnización de perjuicios a los principales accionistas de este establecimiento rancagüino, acusándolos de haber entregado beneficios “excesivos e injustificados” al gerente general, perjudicando los intereses de la propia empresa.
El caso rápidamente escaló. La semana pasada, Andes Salud, representada por el presidente de su directorio, el abogado Mario Rojas, se querelló por el delito de administración desleal en contra de los socios de Isamédica.
En concreto, la acción legal se dirige en contra del presidente de la clínica, Francisco Saldaña; sus directores Enzo General, Raúl Benavente y Fernando Soto; además del gerente general de la firma, Gastón Quezada. A los directores en cuestión, también los apuntó por el delito de abuso de posición mayoritaria.
Los querellados, sostiene la arremetida, “acordaron y luego ejecutaron una maniobra dolosa, confiriendo al primero de ellos (Quezada) beneficios económicos desmedidos y completamente ilícitos, en directo perjuicio de la sociedad y de sus accionistas. En concreto, los directores querellados impusieron en forma arbitraria, avasalladora e ilícita su mayoría, para aprobar un millonario pago sin causa ni contraprestación razonable alguna al señor Reiner Gastón Quezada”.
De la mano de lo anterior, agrega que el ejecutivo es cercano a los directores, quienes detentan posición mayoritaria en el directorio, y que fue “el único sujeto que vio incrementado su patrimonio, sin causa alguna y con cargo al patrimonio de la sociedad. No hay fuente lícita que obligue a la sociedad a tal pago, ni fundamento que justifique tal pérdida (…) lo que a su vez perjudica a mi representada, accionista de la sociedad”.
La trama en el directorio
Para hacer memoria: el grupo Andes Salud es una red de clínicas regionales ligada a inversionistas del Biobío -como las familias Imschenetzsky y Sáenz-, que tomó control de los prestadores de lo que alguna vez fue Empresas Masvida. Esos activos incluían una participación minoritaria en Isamédica. Hoy Andes Salud tiene alrededor del 25% de las acciones, según detalló la propia acción legal que ingresaron.
La clínica, que fue fundada en 1993 en la Región de O’Higgins, registra en torno a 32 mil atenciones y en torno a 8.300 prestaciones anuales.
Pero, específicamente, ¿qué acusa Andes Salud? La empresa sostiene que los querellados, a pesar de las advertencias de Grebe y los otros dos directores que completan la mesa -Fuad Hamen y Eduardo Serradilla-, modificaron el contrato del gerente general, incrementando su patrimonio en cerca de $ 300 millones.
Esto, según la querella ingresada al Juzgado de Garantía de Rancagua, se habría hecho mediante la incorporación de una indemnización a todo evento, retroactiva en 28 años -el tiempo que lleva Quezada en el cargo-, sin límite de años ni de montos. Esa cláusula no habría sido pactada ni comprometida en forma previa por la sociedad.
“Dispusieron graciosamente de una cantidad significativa de dineros de la Sociedad, que hoy ascienden a aproximadamente $286.787.592, en favor del gerente general, en un solo acto, sin condiciones”, acusa el escrito.
A eso, suma que el ejecutivo tiene 66 años, por lo que podría jubilar en cualquier momento y llevarse los más de $ 280 millones, monto al cual eventualmente habría que adicionar un 10% de la indemnización por años de servicio (tros $ 28,7 millones) si es que fuera desvinculado por la causa que fuera.
Por otro lado, también argumentaron que la modificación del contrato en cuestión se llevó a cabo de forma subrepticia y “sin dar tiempo a los directores disidentes para revisar el tenor del documento, e incumpliendo flagrantemente el acuerdo previo adoptado por el Directorio consistente en esperar los antecedentes necesarios -y que obvimanete no existían-”.
Con ello, postulan que los querellados veían la aprobación del directorio “como una mera formalidad, un trámite que debían sortear para intentar disfrazar la comisión del delito”.
El acuerdo “tampoco puede entenderse como un esfuerzo por hacer más eficiente o productivo el desarrollo de la actividad económica. Por el contrario, responde a intereses de terceros, a supuestos compromisos de los que no hay constancia alguna”, cierra la querella.
Consultados los querellados, señalaron no haber sido notificados de la acción legal. Sin embargo, después de la demanda que había ingresado Grebe hace más de un mes, sostuvieron que las acusaciones “carecen de fundamento” y que el acuerdo que se cuestiona “fue adoptado con pleno arreglo a derecho, en el marco de nuestras atribuciones y en cumplimiento del interés social”.