Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes no acudieron a la citación para explicar el polémico incremento de Dina Boluarte.
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, no acudieron a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde debían sustentar el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, aprobado recientemente mediante decreto supremo. La sesión estaba programada para las 10:30 a. m., pero ambos funcionaris del Ejecutivo brillaron por su ausencia, lo que generó malestar y nuevas dudas en el Parlamento.
Ambos ministros enviaron oficios justificando su inasistencia, aunque sin brindar detalles sobre las razones de fondo. La citación buscaba aclarar los criterios técnicos y legales del incremento salarial presidencial, en un contexto marcado por el descontento ciudadano frente a la medida y las constantes críticas a la gestión gubernamental. Según fuentes legislativas, la comision ahora evalúa reprogramar la comparecencia e incluso convocarlos nuevamente, por segunda vez o por grado o fuerza, si fuera necesario.
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Tampoco asistió Guillermo Valdivieso, presidente ejecutivo de SERVIR, otra figura clave en el análisis del sustento técnico de la medida. Su ausencia, al igual que la de los ministros, fue notificada a través de un oficio, aunque no se ofrecieron mayores explicaciones ante el Congreso. Su participación era considerada fundamental para detallar los informes que habrían motivado el decreto.
El silencio sostenido del Ejecutivo ante las preguntas públicas ha sido interpretado como una falta de voluntad para transparentar el proceso. Desde que se oficializó la modificación del salario presidencial, no ha habido una vocería clara que explique la decisión, lo cual ha incrementado la percepción de desconexión entre el Gobierno y las prioridades del país.
La presidenta Dina Boluarte pasó de ganar S/16.000 a S/35.568 mensuales, lo que la ubica como la segunda mandataria mejor remunerada de Sudamérica. En contraste, el contexto nacional sigue marcado por limitaciones presupuestarias en salud, educación y servicios básicos, lo que refuerza las críticas contra una decisión que muchos consideran inoportuna. La falta de respuestas en el Congreso no ha hecho más que aumentar las sospechas y la presión política para que el Ejecutivo rinda cuentas sin más evaciones.