Seguirá procesada y le espera 29 años de prisión.
La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, deberá seguir compareciendo ante la justicia, puesto que, el Poder Judicial (PJ) amplió el proceso de investigación preparatoria en su contra por 20 meses. Vale mencionar que, el cargo que se le imputa a la exautoridad es el de lavado de actvos.
En audiencia llevada a cabo
el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, extendió el proceso penal contra la exburgomaestre y otros investigados.
Tras escuchar a todas las partes involucradas
el magistrado decidió aceptar – en parte – lo solicitado por el Ministerio Público, prorrogando la investigación por 20 meses más, debido a la «complejidad del caso, el número de imputados y los hechos implicados».
Debido a la complejidad del caso
el juez Richard Concepción Carhuancho dispuso una prórroga de 20 meses para la investigación preparatoria contra De la Puente Wiese y otros investigados.
Cabe señalar que
la Fiscalía había solicitado en un principio 24 meses de investigación; sin embargo, el juez Corte Superior Nacional dictó 20, debido a que «no fueron proactivos» para solucionar una problematic en el proceso, en referencia a la ausencia de un perito contable por 10 meses.
A finales de mayo
el Poder Judicial rechazó el pedido del Ministerio Público, a fin de que el juicio oral contra Susana Villarán y otros, empiece antes del mes de septiembre.
De acuerdo con el pronunciamiento del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional
«la fecha establecida garantiza un plazo prudente para cumplir con todas las formalidades procesales, en especial la notificación adecuada a todos los implicados».
Como se recuerda
el propio PJ fijó para el 23 de setiembre, el inicio del juicio oral por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita, colusión agravada, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.
El Equipo Especial ‘Lava Jato’ del Ministerio Público
la sindica de haber recepcionado dinero ilegal de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht para «financiar» su campaña de no revocatoria en 2013 y de reelección municipal en 2014, la fiscalía solicitó 29 años de prisión por haber recibido 11 millones de dólares de las constructoras cariocas.