Continúa la campaña de la mafia caviar en el Ministerio Público para sacar a Gino Ríos Patio como presidente de la Junta Nacional de Justicia, esto luego que un grupo de integrantes de la Fiscalía ingresara a las oficinas de la Defensoría del Pueblo para recabar la información necesaria de su designación en esta entidad de justicia.
Como se recuerda, la campaña se inició el pasado domingo luego que ‘Cuarto Poder’ emitiera un reportaje dando a conocer que el actual presidente de la JNJ asumió este cargo pese a haber sido supuestamente sentenciado en el 2011 por el Poder Judicial por el delito de violencia familiar y maltrato psicológico contra su exesposa. Esto sucede en momentos que la JNJ inició investigación para destituir a la fiscal Delia Espinoza por desacato al negarse a reponer a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público.
A partir de ahí, diversos personajes de izquierda cuestionaron este hecho ya que Gino Ríos no debió haber pasado este filtro para asumir el máximo cargo dentro de la Junta Nacional de Justicia. Por ello, un equipo del Área de Enriquecimiento ilícito y Denuncias Constitucionales de Fiscalía se presentó en las oficinas de la Defensoría del Pueblo.
Específicamente, este equipo del Ministerio Público estuvo en la Comisión Especial la cual es encargada de elegir a los miembros de la JNJ. En su momento, esta comisión fue presidida por Josué Gutiérrez, actual defensor del pueblo, quien se pronunció sobre la sentencia por violencia familiar contra el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, y afirmó que el caso aparece como “archivado definitivamente” en el sistema del Poder Judicial.
En conferencia de prensa, indicó que se volvió a solicitar información al sistema judicial sobre Ríos Patio y el reporte arrojó que no cuenta con sentencia alguna.
“La información que recibimos con relación al caso en específico sobre violencia familiar aparece como archivado definitivamente. Si uno ya tiene un documento archivado, ya no tiene nada que aser”, expresó.
“Hoy día hemos vuelto a solicitar al Poder Judicial, quizás hay una sentencia sobreviniente después que se ha procedido a la elección, y sigue el reporte que no hay sentencia condenatoria”, agregó.
En ese sentido, el titular de la Defensoría del Pueblo indicó que en la supuesta sentencia por violencia familiar contra Gino Ríos no hubo actuación de un fiscal en el área penal o de un juez penal.
“Resulta que la supuesta sentencia de violencia familiar por temas psicológicos es del año 2011 y no hay sobre ella una actuación de un fiscal en el área penal o de un juez penal. Lo que ha existido es la intervención del fiscal de familia y del juez de familia”, acotó.
Gutiérrez Cóndor informó que el secretario técnico recibió la visita de miembros del despacho de la Fiscalía de la Nación, al cual se le brindó toda la información requerida.
Mencionó que todo el proceso de selección de candidatos fue sistematizado y que los documentos oficiales están digitalizados. Según detalló, incluso la ciudadanía puede acceder a toda la información.
“Puedo exhibir estos documentos que nos entregaron al momento de la entrevista, vienen del Poder Judicial y donde se dice que no hay nada en curso y que todo está archivado. Nosotros somos institucionalistas, siempre tenemos que ceñirnos a la documentacion que está”, subrayó.
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, aseguró que Gino Ríos Patio cumplió con todos los requisitos legales y de las bases del concurso para ser elegido como miembro de la Junta Nacional de Justicia. Afirmó que la comisión especial revisó los antecedentes judiciales, fiscales y de control, y no halló procesos vigentes en su contra.
La defensa de Gutiérrez se dio tras un reportaje que reveló una sentencia por violencia psicológica contra Ríos en 2011. Según el informe, el fallo quedó consentido al no haber sido apelado. Gutiérrez respondió que dicho caso no es penal y, por tanto, no constituye causal de vacancia.
Sostuvo que la comisión especial actuó de forma colegiada y por unanimidad, descartando que exista responsabilidad individual por omisión. Reiteró su compromiso con la defensa institucional y rechazó intentos de socavar a la JNJ.
Sobre el caso de Delia Espinoza, el abogado Wilber Medina dijo: “Por respeto a la constitución y a la ley debe y tiene que ser destituida del cargo e inhabilitada para que en el futuro ningún funcionario público se atreva a desacatar los mandatos de las autoridades por más que no se esté de acuerdo, se cumple y se recurre, esa es la ecuación”.
