Las recientes acciones del Ejecutivo, en especial las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, no son eventos aislados o errores puntuales, sino que responden a un patrón constante y preocupante de desconexión con la realidad del país. Cada nueva controversia no sorprende, sino que se suma a la dinámica reiterada de gobernar de espaldas a las demandas ciudadanas.
La presidencia de Boluarte se caracteriza por niveles históricamente bajos de aprobación ciudadana, y por su prolongada renuencia a hablar con la prensa. Según una encuesta de Ipsos para Perú21, su aprobación es del 0% en el norte, 1% en el centro, 2% en el sur y 4% en el oriente. Además, lleva más de 200 días sin responder a la prensa, evitando cualquier pregunta desde octubre de 2024, y solo se ha comunicado a través de discursos en eventos oficiales cerrados y controlados, a los que asisten únicamente simpatizantes. Su última declaración refleja una ausencia de vocación democrática al minimizar el paro de transportistas que demandan la acción del Gobierno frente a la violencia e inseguridad. Esta actitud muestra indolencia hacia el sentir ciudadano y es alarmante al asociar el legítimo derecho a protestar con “deslealtad a la patria que los vio nacer”, adoptando un tono populista y autoritario.
Al señalar la protesta como una amenaza y criminalizarla con un delito grave, se rompe el principio democrático del pluralismo y se vulnera la libertad política, preparando el terreno para justificar la restricción de derechos civiles sin oposición. Aunque pueda parecer inofensivo, analistas políticos y defensores de derechos deberían resaltar la gravedad de esta postura y enmarcarla en una trayectoria consistente que muestra un ejercicio cada vez menos democrático del poder por parte del gobierno.
Desestimar la impopularidad expresada en encuestas y críticas es otra característica del populismo autoritario de Boluarte, que evidencia su desconexión con la opinión pública y erosiona su legitimidad y representatividad democrática. Al ignorar el rechazo social, se transmite la idea de que la voz ciudadana no es considerada en la toma de decisiones, fortaleciendo al gobernante con rasgos autoritarios que pareciera creerse invencible ante una crisis de legitimidad.
¿Puede una presidenta desconectada y carente de legitimidad ante la ciudadanía mantenerse en el cargo? Aunque pueda sobrevivir formalmente, gobernar sin esa conexión abre la puerta a una crisis o debilidad institucional. La falta de renovación real en el gabinete, con la mayoría de ministros del gobierno anterior y cuestionamientos sobre su idoneidad técnica, junto con investigaciones y denuncias, así como la visita al Vaticano que podría interpretarse como abandono de los problemas internos, contribuyen a una potencial crisis que podría acelerar su salida, tal como algunos han pedido o previsto.
A pesar de mantenerse en el poder gracias a un pacto de supervivencia con el Congreso, este no es eterno. Aun si permanece en el cargo, Perú ha perdido al naturalizar la indiferencia hacia las demandas ciudadanas y los rasgos autoritarios hacia la ciudadanía y la prensa como formas válidas y tolerables de gobernar.