El secuestro de los 13 mineros en la provincia de Pataz, en La Libertad, tuvo un trágico desenlace. La mañana de ayer domingo, todos fueron hallados sin vida. Esto sucedió a menos de una semana de que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, calificara de “inexistente” el secuestro.
Los trabajadores habían sido secuestrados el sábado 26 de abril por Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo” y su grupo, quienes pedían cuatro millones de soles para liberarlos.
Sin embargo, no hubo negociación y los captores no se comunicaron con los familiares de las víctimas. El domingo, la Policía ingresó a uno de los socavones de la zona y encontró la macabra escena: Todos habían sido ejecutados, maniatados de pies y manos.
Según fuentes policiales, las víctimas, trabajadores de la empresa R&R, habrían sido torturadas y ejecutadas por sus captores. Estos difundieron un video en redes sociales mostrando los asesinatos, donde se observa cómo los mineros fueron ejecutados con disparos a quemarropa. El hallazgo se produjo casi una semana después de los primeros reportes de su desaparición.
El descubrimiento de los cuerpos no fue comunicado inicialmente por las autoridades, sino por los propios familiares de las víctimas. En días previos, medios regionales habían identificado a ocho de los mineros desaparecidos, cuyos nombres fueron difundidos en los reportes iniciales. Entre ellos se encontraba un hombre cuya familia confirmó su fallecimiento y el traslado de su cuerpo, junto con los de sus compañeros, a la morgue de Trujillo para su identificación oficial.
La empresa minera Poderosa se pronunció sobre el secuestro, expresando su preocupación y solidaridad con las familias de las víctimas. Criticó que el secuestro se haya producido a pesar de la presencia militar y policial en la zona, y mencionó que la minería ilegal ha afectado sus operaciones, poniendo en riesgo la integridad de sus trabajadores y los mineros artesanales con los que trabajan.
El Ministerio del Interior anunció el despliegue de equipos especializados para investigar y capturar a los responsables de la masacre en La Libertad. Se enviarán unidades de élite del Grupo Especial contra el Crimen Organizado, junto con divisiones especializadas de la Dirección de Investigación Criminal, en coordinación con las Fuerzas Armadas.
La entidad expresó su pesar por las pérdidas humanas y reafirmó su compromiso de combatir el crimen organizado en la región. Los agentes involucrados cuentan con autorización para emplear sus armas de fuego si es necesario, dentro de los límites establecidos por la ley. ¡Estas muertes no quedarán impunes!.