La conmoción en Argentina ha llevado a revisar protocolos y reforzar la transparencia institucional, incluyendo la implementacion de controles más estrictos en el acceso a medicamentos críticos en hospitales públicos.
Brenda Cecilia Agüero, enfermera de 30 años, recibió cadena perpetua el 18 de junio de 2025 tras ser hallada culpable del asesinato de cinco bebés y el intento de homicidio de ocho más en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, en Córdoba, Argentina. Según el tribunal, las muertes ocurrieron entre marzo y junio de 2022 y se produjeron a raíz de inyecciones deliberadas de potasio o insulina que provocaron paros cardíacos por hiperpotasemia.
La investigacion se intensificó cuando neonatólogas detectaron un patrón alarmante: muertes de recién nacidos sin causa clínica y coincidencia con los turnos de Agüero. Las autopsias revelaron niveles anormalmente altos de potasio en los cuerpos, lo que desencadenó la intervención judicial y su detención en agosto de 2022.
Durante el juicio, iniciado en enero de 2025, Agüero sostuvo su inocencia alegando desconocimiento sobre lo sucedido. Sin embargo, el jurado, compuesto por ocho personas, junto a dos jueces, la encontró responsable de los cinco homicidios. Y de los ocho intentos de homicidio tras diez horas de deliberacion.
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El tribunal determinó que Agüero seleccionaba bebés sanos para inyectarles las sustancias letales antes de abandonarlos en terapia intensiva, donde terminaban muriendo. De los ocho bebés que sobrevivieron, al menos dos presentan secuelas neurológicas irreversibles. Además de su condena, cuatro exfuncionarios del hospital y del Ministerio de Salud provincial recibieron penas entre cuatro y cinco años por encubrimiento, entre ellos la exdirectora y el exsubsecretario provincial.
Se trata del primer caso en Argentina de una “enfermera ángel de la muerte”. Lo que plantea una urgente reflexión sobre los mecanismos de supervisión en las unidades neonatales. La conmoción en Argentina ha llevado a revisar protocolos y reforzar la transparencia institucional. Incluyendo la implementación de controles más estrictos en el acceso a medicamentos críticos en hospitales públicos.