¿Es peor el remedio que la enfermdedad? Ante la creciente ola de delincuencia en el país y la participación de menores en estos crímenes, el Gobierno de Dina Boluarte aprobó la Ley 32330, que permite juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves como homicidio, sicariato, violación sexual o terrorismo, e incluso su internamiento en prisiones comunes.
La Policía Nacional detuvo a Roberto Carlos Escalante Martínez, acusado de asesinar a un joven en enero del 2025 en una estación de la Línea 1 del Metro.
Con esta norma, se modificaron el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (CRPA). Además, se estableció que, en casos de extrema gravedad, jóvenes desde los 14 años podrían enfrentar penas de internamiento de hasta ocho años.
El proyecto fue redactado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso y luego ratificado en el Pleno. “La premisa es clara: delito de adulto, condena de adulto. Debemos combatir esta plaga. El Perú se ha vuelto ingobernable, y las políticas de seguridad ciudadana de la presidenta Boluarte no han dado resultados. Es un problema urgente que requiere solución”, declaró el congresista Juan Burgos.
Pero, ¿realmente es efectivo aplicar penas adultas a menores desde los 16 años? Para Leonardo Caparrós, exjefe del INPE, la respuesta es “no” por dos motivos: muchos adolescentes recuperables serán afectados y las bandas criminales reclutarán a niños desde los 12 años. “¿Qué haremos cuando empiecen a buscar a chicos de 14 o 12 años? Estamos incentivando a las mafias a explotar a menores en vez de fortalecer su entorno familiar y educativo”, advirtió.
Por su parte, el juez Christian Hernández, de la Comisión de Implementación del CRPA, señaló que la ley viola la Convención sobre los Derechos del Niño y disposiciones constitucionales.
Según datos de Perú21, actualmente hay 1,401 adolescentes de 16 y 17 años recluidos en centros de rehabilitación: 727 por robo agravado, 155 por violación a menores, 107 por uso de armas, 87 por homicidio calificado, entre otros.
“Los datos son claros. Sí hay jóvenes que cometen delitos graves, y el Estado debe actuar. El CRPA ya contempla sanciones socioeducativas y privación de libertad según la edad. No son medidas blandas”, afirmó Hernández.
La nueva ley, según críticos, solo perfecciona la carrera delictiva de menores expuestos a violencia, drogas y entornos vulnerables, en vez de rehabilitarlos. Caparrós denunció que el Gobierno, ignorando informes de inviabilidad de varios organismos, promueve un “populismo criminal”.
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