En medio de un tenso debate sobre la independencia y profesionalización del sistema de cajas municipales en el Perú, una reciente propuesta legislativa ha encendido las alarmas en el sector financiero. El Congreso de la República aprobó, en primera votación, un proyecto de ley que modifica la forma de elección de directores en las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC), abriendo la posibilidad de que excongresistas y asesores legislativos puedan formar parte de sus directorios.
La iniciativa, que ha sido criticada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), podría convertirse en un serio retroceso para el buen gobierno corporativo en las CMAC, generando un riesgo directo sobre la confianza del público en estas instituciones, pilares fundamentales del microfinanciamiento en regiones.
“ES PELIGROSO”
Así califica César Arriaga, presidente del directorio de Caja Arequipa, una de las principales entidades del sistema microfinanciero peruano, la posibilidad de incorporar a excongresistas como directores. En entrevista exclusiva, Arriaga advierte que este tipo de modificaciones representan un riesgo sistémico que no solo afecta la gestión interna de las cajas, sino que compromete su reputación y solvencia frente al ciudadano común.
“La propuesta más riesgosa es aquella que considera que, quien participó como congresista o como asesor en las comisiones de presupuesto, economía, etc. del Congreso, puede ser evaluado para formar parte del directorio de las cajas municipales. Eso es muy peligroso”, afirma.
La preocupación central radica en el principio de idoneidad moral y técnica que debería regir el ingreso a un directorio. Las cajas no manejan recursos públicos ni presupuestos del Estado, sino depósitos del público. En ese sentido, cualquier sombra de injerencia política o cuestionamiento ético puede mellar gravemente la confianza de los depositantes.
“Las condiciones para ingresar a ser director (de una caja municipal) son bastante serias, no solo en la parte técnica, sino la idoneidad moral que debe ser plenamente evaluada a fin de no poner en riesgo la confianza del público”, añade.
IMPACTO
El sistema de cajas municipales ha logrado una importante inserción en los sectores populares, gracias a una combinación de cercanía territorial, oferta competitiva y confianza comunitaria. Caja Arequipa, por ejemplo, cuenta con más de 2 millones de clientes a nivel nacional, muchos de los cuales provienen de sectores vulnerables que han encontrado en estas entidades un acceso al crédito que el sistema bancario tradicional muchas veces les niega.
La posibilidad de que personajes vinculados a la política ingresen a los directorios puede tener un efecto devastador sobre esa percepción de confianza.
“Las cajas no solo otorgamos créditos, sino que recibimos fondos del público en general y eso puede ser afectado. Las personas preferirían no depositar su dinero en una entidad con un director cuestionado”, alerta Arriaga.
Y no se trata de una amenaza hipotética. Las crisis de confianza bancaria en el Perú —como ocurrió con financieras o cooperativas— han demostrado que los usuarios reaccionan con rapidez y severidad ante cualquier señal de inestabilidad, real o percibida. Un simple rumor puede provocar retiros masivos que desestabilicen la caja.
CAPTURA POLÍTICA
La propuesta del Congreso ha sido interpretada por varios sectores como un intento de control político del sistema de cajas, especialmente porque la mayoría de estos directorios cuentan con representantes nombrados por las municipalidades provinciales, muchas veces cooptadas por intereses partidarios.
“Se puede tener un directorio que está alineado al 100%, pero no siempre sucede eso. Entonces, puede ser que algunos directores no estén de acuerdo, por ejemplo, con el nombramiento del gerente general; y allí podría entrar el pensamiento o la conveniencia política”, explica Arriaga.
La norma también plantea limitar el mandato del presidente del directorio a un año con posibilidad de reelección por única vez. Esta medida, lejos de fortalecer la institucionalidad, podría debilitarla aún más, al impedir una planificación de largo plazo coherente con los ciclos financieros de las cajas.
“El directorio decide los planes y si se cambia la presidencia cada dos años, habrá una obstrucción para la consecución de esos objetivos. Las cajas no trabajamos con planes a corto, sino a mediano y largo plazo”, sostiene el presidente de Caja Arequipa.
PRESIÓN
Otro aspecto preocupante es el nuevo rol que se le otorga a los auditores internos en la elección de directores. Si bien actualmente su informe no es vinculante, la nueva norma establece que una “interpretación sesgada” del reglamento será considerada falta grave. Esto, según Arriaga, abre la puerta a presiones indebidas y pérdida de independencia técnica.
“Cuando los auditores evalúen, por ejemplo, a un excongresista, podrían trabajar bajo la presión de ser objeto de observaciones o sanciones, y perderían su independencia”, advierte.
¿Y la SBS?
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ya ha solicitado que el proyecto de ley retorne a comisión, para evitar que prospere sin una discusión técnica profunda. Según Arriaga, la SBS ha demostrado en los últimos años una actitud cada vez más rigurosa frente al perfil de los directores de cajas municipales.
“Los reglamentos para el ingreso de directores han cambiado, han ido mejorándolos cada vez más y volviéndolos más exigentes. Nosotros tenemos confianza en la SBS como regulador del sistema”, señala.
Efectos
La reforma legislativa afectaría la autonomía, planificación a largo plazo y transparencia de las cajas, claves para su funcionamiento y crecimiento.