Esta nueva norma beneficiaría a procesados sin sentencia firme por presuntos delitos cometidos entre 1980 y 2000 durante el conflicto armado interno peruano.
Adicionalmente, el documento indica que aplicarán la ley a adultos mayores sentenciados que enfrentan condiciones de salud deterioradas o situaciones económicas muy criticas hoy.
Sin embargo, excluyen a quienes hayan sido imputados o sentenciados por terrorismo o corrupción. Sus casos seguirán su curso penal segun la ley vigente.
Lee también [PNP desarticula 49 bandas criminales y captura a 958 delincuentes]