El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, presentó ante el pleno del Congreso de la República la política general del Gobierno y detalló los principales ejes de su gestión en materia de seguridad, economía, migración y derechos humanos.
El jefe del Gabinete acudió acompañado de sus ministros y expuso una agenda que incluye medidas contra la criminalidad, reformas migratorias y la evaluación de la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que implicaría una posible salida de la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte IDH.
Arana enfatizó que, aunque la decisión final corresponde al Ejecutivo, el proceso será abordado con “apertura y diálogo plural”, involucrando al Legislativo, sociedad civil, academia y organismos competentes.
“Como demócrata, propongo la creación de una comisión para evaluar y proponer una decisión consensuada”, afirmó.
Además, el jefe del gabinete ratificó la postura de que el gobierno no destinará fondos públicos a indemnizaciones establecidas por tribunales internacionales en favor de personas sentenciadas en Perú por delitos de terrorismo.
Tras su exposición y debate, el gabinete Arana obtuvo el voto de confianza con 62 votos a favor, 30 en contra y 10 abstenciones. Llamó la atención que las bancadas de Podemos y Perú Libre, quienes inicialmente dijeron que votarían en contra, al final blindaron al gabinete con su voto de abstención y sus ausencias. Por ejemplo, de los 14 congresistas de Podemos sólo dos negaron la confianza, mientras que la bancada de Vladimir Cerrón de 11 legisladores sólo 3 votaron en contra.
REFORMA PENITENCIARIA
Para frenar la delincuencia, el Gobierno anunció que evalúan mecanismos de cooperación bilateral que permitirían el traslado de internos extranjeros de alta peligrosidad a sus países de origen.
Entre las opciones planteadas se encuentra el envío de estos reclusos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, una de las cárceles de máxima seguridad más severas de la región.
La propuesta tiene como principal objetivo descongestionar el sistema penitenciario peruano, desarticular estructuras criminales que se fortalecen dentro de los penales y reafirmar el principio de autoridad del Estado. “El Perú no permitirá que sus cárceles sean plataformas del crimen. Estamos decididos a recuperar el control total del sistema penitenciario”, señaló el premier.
El CECOT, promovido por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, se ha convertido en un símbolo del endurecimiento de las políticas de seguridad en América Latina. Con capacidad para 40 mil reos, este penal alberga a miembros de peligrosas pandillas como la MS-13 y Barrio 18, y ha sido objeto de controversia por las condiciones de reclusión extremas y los cuestionamientos sobre derechos humanos.
Sobre migración, Arana informó que se ejecutarán más de 3,500 operativos de fiscalización hasta diciembre de 2025 para identificar extranjeros en situación irregular. También se planteará la creación de “estancias temporales” para migrantes ilejales.
MODERNIZACIÓN POLICIAL
El premier reiteró el compromiso del Gobierno con la seguridad ciudadana, anunciando un paquete de medidas para fortalecer a la Policía Nacional (PNP). Entre ellas, destacan:
Equipamiento tecnológico: Adquisición de sistemas de geolocalización en 60 días para rastrear extorsionistas.
Financiamiento: Una propuesta normativa para destinar fondos incautados a la PNP, exclusivamente para la lucha contra el crimen.
Refuerzo de personal: Implementación del “Plan Celador” (5,000 efectivos adicionales), servicio policial voluntario (liberando 10,000 agentes para patrullaje) y asimilación de 1,500 licenciados de las Fuerzas Armadas.
Además, se coordinará con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar activos vinculados a delitos como la extorsion.
En esa línea, Arana solicitó al Congreso apoyar el proyecto de ley que crea el delito de terrorismo urbano y anunció que se aumentará a S/ 1 millón la recompensa por la ubicación de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”.
“Nuestra democracia no será débil, sino firme y decidida frente a sus enemigos”, remarcó el premier en un tono enfático.
MINERÍA ILEGAL
El Gabinete proyecta un crecimiento del 4% del PBI en 2025, impulsado por la adjudicación de 34 proyectos por más de 8,600 millones de dólares, como la carretera Longitudinal de la Sierra (Tramo 4) y el Parque Industrial de Ancón.
Respecto a la minería ilegal, se aprobará una Estrategia Nacional y un sistema interoperable para fiscalizar insumos y maquinaria en la pequeña minería.
En sus palabras finales, el premier subrayó que los desafíos prioritarios son “la lucha contra la criminalidad, el crecimiento económico y la transición democrática”, asegurando que su gestión entregará “un país más seguro y encaminado al desarrollo”.
NECESARIO
El ministro de Salud, César Vásquez, confirmó que el Ejecutivo está evaluando la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), argumentando que este organismo limita la implementación de medidas más drásticas contra la creciente ola de criminalidad en el país.
En declaraciones a la prensa, Vásquez sostuvo que muchas acciones consideradas necesarias por el Gobierno no pueden ejecutarse debido a las restricciones impuestas por la Corte IDH.
“Muchas de las medidas drásticas no se pueden ejecutar porque nos limita precisamente esta Corte Internacional”, afirmó.
El ministro señaló que la decisión responde a la demanda ciudadana de un enfoque más severo contra la delincuencia, priorizando la seguridad de las víctimas sobre otros factores.
“Habría que pensar primero en las familias de los miles de inocentes que ustedes día a día también informan”, declaró, en referencia a los casos que no encuentran respuestas efectivas en el sistema judicial peruano.
Erradicación
Arana fijó la meta de erradicar 34,124 hectáreas de coca ilegal en 2025, complementada con un programa de cultivos lícitos para 65,000 familias.