Nuestro País en Crisis
Fernando Barros
Nuestro país vive una de las mayores crisis desde el escándalo MOP-GATE, con la revelación de la vergonzosa realidad de otra variante más de los abusos de miles de trabajadores públicos con las licencias médicas, que se suma al inaceptable índice de ausentismo en la administración y a las revelaciones que surgen de la investigación de la malversación de recursos del presupuesto fiscal en el denominado caso Fundaciones, en que en lugar de ayudar a los necesitados se destinaron recursos recaudados por el Estado al financiamiento de actividades políticas, con la cómplice negligencia de las jefaturas de la burocracia estatal ante reiterados abusos.
“Los incipientes esfuerzos por crear una institucionalidad del compliance y una conducta funcionaria han sido incumplidos, se cumplen parcialmente o son insuficentes. Estamos en un entorno de prevención formalista”.
Así como los países se construyen con el trabajo constante y esforzado de sus ciudadanos, cimentado en sólidos principios y buenas prácticas, la reconstrucción de la confianza perdida en el valor de la ética, la virtud, la probidad y la transparencia en la función pública nacional, es posible con el sólido compromiso de los poderes del Estado de sujetar a todos aquellos que se desempeñan en la administración a los mismos o más altos estándares que los que rigen para el mundo privado, de forma que tengamos un servicio público profesional, al servicio del país y con un desempeño sujeto a evaluaciones serias.
En este escenario la reciente obra Compliance para el Sector Público, del abogado y exministro del Tribunal Constitucional Cristián Letelier Aguilar, constituye una muy ilustrativa guía del camino a seguir para avanzar en la búsqueda de una honesta y eficiente gestión de los recursos públicos orientada al bien común en una sociedad democrática.
El autor, junto con analizar la modesta realidad en integridad pública y la evidencia al respecto, aborda las recomendaciones internacionales en materia de fortalecimiento de los pilares de un plan para la prevención de la corrupción a través de un fuerte compromiso con la probidad, una cultura de integridad y la sujeción de los funcionarios públicos, “…especie de mandatarios de los ciudadanos…” a una efectiva rendición de cuentas por sus actos.
Los incipientes esfuerzos por crear una institucionalidad del compliance y conducta funcionaria en los mandatos de la ley del Servicio Civil y otras iniciativas, señala el autor, han sido incumplidos o se cumplen parcialmente, o son insuficientes, según lo demuestra la evidencia de diversos casos que analiza, derivándose que estamos en un entorno de prevención formalista, con páginas web, códigos de conducta y una frondosa normativa anticorrupción que, en definitiva, su éxito depende de la autorregulación y del compromiso que asuma cada servidor público en su cumplimiento.
Junto con un análisis jurisprudencial de los aspectos asociados a la reciente legislación sobre delitos económicos y la discusión al interior de la Judicatura Constitucional sobre varias de sus disposiciones, advirtiendo la difícil, sino imposible, aplicación de sus sanciones a los entes públicos, la obra entrega acertadas recomendaciones sobre la construcción de programas de cumplimiento y el compromiso de impedir la desviación de los fines del órgano público hacia intereses personales con deterioro de la moral pública.
En un período de renovación política aportaría mucho a la discusión democrática el que los programas de gobierno ilustraran como se cumplirá el anhelo de alcanzar una administración pública verdaderamente al servicio de la ciudadanía con honestidad y eficiencia.