En un reciente foro internacional organizado en Sarria, en pleno Camino de Santiago, un brillante abogado mexicano explicó al auditorio, nutrido principalmente de jueces y fiscales, el proceso que inició López Obrador para acabar con la independencia judicial.
Su objetivo confeso era claramente el de “capturar” al poder judicial. Y para ello siguió un maquiavélico plan: Empezó por desacreditar el prestigio de los jueces. Los tachó de elitistas. Después construyó una narrativa falsa: El pueblo debe recuperar la justicia. Hay que “purificala”, decía AMLO. Seguidamente, se reforma la constitución, con éxito, para nombrar jueces de manera exprés.
Una inteligente amiga y colega intervino en el debate para lanzar, más que una pregunta, un dardo: ¿No será que en España ya nos encontramos en el último paso? Porque, el gobierno de Sánchez, como nunca otro, se ha erigido en contra de los jueces a los que, sin pudor alguno, tilda (nos tilda) de prevaricadores. Y los tacha (nos tacha) de elitistas. Francamente, yo que ni siquiera soy de origen español, ni mucho menos hija o nieta de juez español y que una de mis mejores amigas jueces era hija de un quiosquero, no puedo entender tamaña mentira.
Los jueces y fiscales españoles se han levantado, con escaso resultado, todo hay que decirlo, contra esa narrativa falsa que pretende abrir la puerta de los tribunales a personas cautivas, nada independientes, y, lo que es peor, con escasa preparacion.