Para el año 2025, se esperaba que el proyecto de Inmobiliaria Almazara Santa Rosa estuviera recibiendo a sus primeros propietarios. Se trata de dos torres de 28 pisos, con 16 locales comerciales y 759 departamentos, ubicadas en la comuna de San Ramón. Sin embargo, la construcción ni siquiera ha comenzado.
Recientemente, un fallo de la Corte Suprema ha abierto una nueva esperanza para la inmobiliaria, al anular una resolución que había invalidado su permiso de edificación.
La empresa comenzó los trámites para llevar a cabo el proyecto en 2017, con una inversión estimada de US$ 40 millones. Con el tiempo, fue obteniendo las autorizaciones necesarias para avanzar: en 2020 recibió el permiso de edificación, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano.
Sin embargo, durante la evaluación ambiental, una observación de la Seremi del Ministerio de Vivienda detuvo el avance. La entidad señaló que el proyecto se ubicaría en un área destinada a equipamiento recreacional y deportivo, específicamente donde se encuentra el “Estadio La Bombonera”. Por lo tanto, según la interpretación del uso de suelo definido en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), no sería posible construir un desarrollo habitacional en ese terreno.
A raíz de esta observación, el municipio solicitó un pronunciamiento de Contraloría, que en 2021 determinó que el terreno estaba efectivamente en una zona no habitacional. Por lo tanto, se ordenó al municipio tomar medidas para revertir las autorizaciones ya otorgadas. Finalmente, en 2022, la Municipalidad de San Ramón invalidó el permiso de edificación.
El conflicto se intensifica
La inmobiliaria intentó primero revertir la situación a nivel administrativo, presentando un reclamo de ilegalidad ante la propia municipalidad. Sin embargo, este fue rechazado por el alcalde Gustavo Toro (DC).
Tras agotar las instancias locales, la empresa acudió a la Corte de Apelaciones, presentando un reclamo de ilegalidad contra la municipalidad. Sin embargo, el tribunal no acogió la acción.
Paralelamente, la inmobiliaria también interpuso un recurso de protección ante la Corte Suprema contra el dictamen de Contraloría, el cual también fue rechazado.
No obstante, en 2024 la empresa volvió a recurrir a la Corte Suprema, esta vez presentando un nuevo reclamo de ilegalidad contra el dictamen de Contraloría y la resolución administrativa del municipio. En esta ocasión, el máximo tribunal sí aceptó la solicitud.
De acuerdo con la Corte Suprema, los actos reclamados fueron ilegales al extender la aplicación de la zona de equipamiento recreacional y deportivo a un inmueble distinto al indicado (el estadio).
El fallo también fue crítico con respecto al rol de Contraloría. “El órgano de control no tiene la atribución legal para ordenar la invalidación de un acto administrativo específico, ya que el artículo 53 de la Ley N° 19.880 otorga esta potestad exclusivamente al órgano que emitió el acto”, destacó la sentencia.
Por estas consideraciones, la Corte aceptó el reclamo y dejó sin efecto la resolución que invalidaba el permiso de edificación, “manteniendo la validez de esta autorización”.