El Poder Judicial ordenó 36 meses de impedimento de salida del país contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, a solicitud del Ministerio Público, que argumentó que existen elementos que justificarían el riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso penal. La medida fue emitida por el Séptimo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Jorge Chávez, en el marco del caso Lava Jato.
El fiscal a cargo del proceso solicitó esta medida tras advertir que Villarán aún no ha sido juzgada por el caso, pese a que en 2020 ya estuvo bajo prisión preventiva. Actualmente se encuentra bajo régimen de comparecencia, pero la Fiscalía considera necesario restringir su salida del país mientras continúan las investigaciones por lavado de activos y asociación ilicita para delinquir, donde se ha pedido 29 años de cárcel.
Villarán es investigada por presuntamente haber recibido más de US$ 10 millones de las constructoras OAS y Odebrecht para financiar su campaña contra la revocatoria en 2013 y su posterior reelección en 2014. La entrega de estos fondos se habría realizado a cambio de beneficios contractuales y proyectos a favor de ambas empresas brasileñas.
En 2019, Villarán admitió públicamente que aceptó aportes de OAS y Odebrecht para su campaña del “No”, aunque rechazó haber recibido sobornos. El Ministerio Público sostiene que dichos aportes no fueron declarados ante los organismos electorales y que se usaron mecanismos irregulares para blanquear el dinero.
El juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó esta medida al aceptar el requerimiento del Ministerio Público en el marco del caso que investiga los presuntos aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS.
La resolución judicial responde al pedido fiscal presentado en agosto de 2022, como parte de la investigación por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y lavado de activos.
El requerimiento recién fue evaluado tras casi tres años de espera. El Ministerio Público solicitó la medida con el fin de garantizar la permanencia de Susana Villarán en el Perú durante el juicio oral previsto para septiembre próximo.
Durante la audiencia, la exalcaldesa de Lima expresó su voluntad de acatar la medida restrictiva y negó tener intenciones de evadir la justicia.
“Yo me allano al impedimento de salida del país. No he tenido interés, ni voy a huir, ni nada. Si analizan los controles que se me han hecho, físico y virtuales en el GPS, estoy en mi domicilio legal todo el tiempo”, declaró.
La investigación fiscal vincula estos aportes con decisiones tomadas durante la gestión de Villarán que habrían favorecido a las empresas que financiaron su campaña. Una de ellas fue la firma de la adenda al contrato de concesión de Línea Amarilla (Lamsac), que amplió el periodo de concesión y modificó condiciones tarifarias que perjudicaron al Estado.
Además, se le atribuye responsabilidad en la cancelación del proyecto Río Verde, que buscaba la recuperación de espacios públicos y prevención de riesgos por el desborde del río Rímac. Ese dinero fue redirigido para la construcción del bypass de 28 de Julio, en una decisión que también benefició a la concesionaria vinculada a OAS.
Estas decisiones son clave en la investigación del presunto lavado de activos, ya que habrían sido compensaciones políticas por los aportes de campaña.
