La medida decretada por la presidenta por 30 días —una de las cinco anunciadas ayer para enfrentar la ola de criminalidad en la zona liberteña.
El hallazgo de los 13 mineros asesinados a balazos en Pataz, el último domingo, desató ayer una respuesta desesperada de la presidenta Dina Boluarte, sin calcular el impacto de sus decisiones.
El cierre total de la actividad minera en esta localidad liberteña por 30 días —una de las cinco medidas anunciadas ayer al mediodía por la mandataria para frenar la ola de criminalidad— no solo impacta al Estado y a las empresas que operan dentro del marco legal, sino también a cientos de trabajadores que sí cumplen con la ley.
Sin lugar a dudas, esta disposición terminó siendo una reacción errática en la que se confunde a los mineros ilegales e informales con los formales, metiendo a todos en un mismo socavón.
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Para Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Poderosa, ubicada en Pataz, sería perjudicial para la minería formal en la zona. La medida tomada por Dina Boluarte, debe dar marcha atrás con la medida anunciada.
Sobre la relación de Poderosa con los 13 mineros asesinados de la empresa R&R, De la Flor explicó que es una empresa que brindaba servicios de seguridad a un minero artesanal en proceso de formalización que mantenía un contrato con su representada.
“Es una relación indirecta, pero una relación a fin de cuentas. Este minero estaba inscrito en Reinfo y veníamos trabajando con él y con más de 283 mineros artesanales con los que mantenemos una relación contractual y a quienes hemos estado apoyando en el proceso de formalización”, señaló.