El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen por insistencia que incorpora el procedimiento de regularización y corrección de información de los consumidores en las centrales de riesgos, con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos de los usuarios y titulares de la información.
El dictamen incluye los artículos 13 y 14 a la Ley 28587, Ley Complementaria a la Ley de Protección al consumidor en materia de servicios financieros y modifica la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
El autor de la propuesta, José Luna Gálvez, explicó que la intención es proteger a quienes han cumplido con sus obligaciones o aquellos que han sido registrados erróneamente en las centrales de riesgo, como Equifax (antes Infocorp) y Sentinel, para que puedan actualizar su historial crediticio de manera rápida, evitando así el cierre de créditos y otros impactos negativos para los usuarios.
Según Luna Gálvez, los peruanos enfrentan dificultades cuando su nombre aparece con un registro negativo en las centrales de riesgo, lo que dificulta el acceso a créditos y puede generar problemas de salud.
“Las prácticas de las centrales de riesgo afectan directamente a emprendedores, micro y pequeños empresarios, trabajadores y la clase media, dificultando el acceso a recursos y capital”, señaló el líder de Podemos Perú.
El dictamen propone que, cuando un deudor regulariza el pago de la deuda y se pone al día en sus obligaciones, la entidad financiera debe emitir una constancia de la regularización de la deuda a solicitud del deudor, en un plazo de siete días hábiles.
Además, la entidad financiera debe informar del pago a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en el mismo plazo, para que sea registrado en la Central de Riesgos en el siguiente reporte.
La información emitida por la entidad financiera, junto con el reporte enviado por la SBS a las empresas del sistema financiero, actualiza la información registrada en la central de riesgo para no afectar la evaluación crediticia del cliente.
“El objetivo es proteger a los ciudadanos que han enfrentado dificultades económicas pero han cumplido con sus obligaciones”, afirmó Luna Gálvez, aclarando que no se busca fomentar la morosidad.
“Se pretende beneficiar a aquellas familias que han pasado por situaciones económicas complicadas, como millones de peruanos, pero que una vez superadas, han cumplido con sus obligaciones. Merecen la oportunidad de seguir adelante con sus proyectos”, concluyó.