¿Por qué es importante el proyecto Dominga?
¿Porque es ejemplo de lo que se ha denominado permisología? ¿Por la tensión entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico, lo técnico versus lo político? Ciertamente posee todos esos elementos. Además de lo anterior, este conflicto permite explicar los problemas estructurales que pesan sobre la institucionalidad ambiental y que dan luces de lo que debiera abordar una reforma el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Solo basta recordar que los (últimos) puntos que objetó el Comité de Ministros se refieren a la suficiencia de un plan de contingencias y emergencias por derrames de hidrocarburos y la evaluación sobre especies de flora. Más allá de su mérito, ¿cómo se explica que después de más de 13 años, la discusión no se refiera a la protección de un área marina de alto valor ambiental potencialmente afectada por la operación de un puerto? ¿Cómo es posible que, habiendo pasado en varias oportunidades, por todas las instancias administrativas (Comisión de Evaluación Ambiental, Comité de Ministros) y judiciales imaginables (Tribunal Ambiental, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, ahora la Corte de Apelaciones), ninguna haya podido resolver la viabilidad final del proyecto minero?
“Así como se aprobó un proyecto de ley que dará celeridad a los permisos sectoriales, es hora que la institucionalidad ambiental entregue certeza y legitimidad en sus decisiones, basada en la mejor ciencia disponible”.
A mi juicio, fallaron dos cuestiones fundamentales: la política y un legítimo espacio para la ciencia.
Falló esa necesaria política que permite resolver de manera previa (lo que es tan necesario para un inversionista y la población) si la comunidad representada por la autoridad política, acepta un proyecto de alto impacto en su territorio. Los instrumentos de planificación territorial, lamentablemente, no han permitido dar legitimidad a los usos admitidos en su territorio (en el caso de Dominga, incluso el instrumento vigente admite el puerto).
También falló la ciencia. La discusión se centra en los aportes técnicos que entrega el titular, la comunidad y la propia autoridad. No existe, un “panel de expertos”, externo, independiente y objetivo que entregue el insumo necesario que permita resolver la controversia de fondo del desarrollo de un proyecto.
El proyecto de ley actualmente en discusión parlamentaria, la denominada reforma 2.0 del SEIA, intenta abordar este punto, entre otros aspectos, eliminando el Comité de Ministros (instancia política), unificando el sistema de recursos posibles, fortaleciendo los procesos participativos, entre otras modificaciones.
Sin embargo, lo que nos muestra Dominga es que proyectos de relevancia nacional seguirán a la deriva si no se entrega certeza de la factibilidad previa y clara de ejecutar un proyecto en el territorio, y no exista una instancia formal donde la ciencia, como elemento legitimador de las decisiones técnicas, lo pueda ejercer de forma imparcial. Así como se aprobó un proyecto de ley que dará celeridad a los permisos sectoriales, es hora que la institucionalidad ambiental entregue certeza y legitimidad en sus decisiones, basada en la mejor ciencia disponible.