El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, aprovechó su intervención en el Pleno del Congreso para anunciar que propondrá una comision que evalúe la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Propone crear empresas públicas de telecomunicaciones que sería manejada por el MTC.
El jefe del Gabinete se presentó este miércoles en el Legislativo para pedir el voto de conffianza a los parlamentarios. Durante su discurso, señaló que el Congreso y la ciudadanía han mostrado “sumo interés” en analizar si el país deberá mantenerse en el SIDH.
El primer ministro señaló que “es potestad del Ejecutivo adoptar una decisión soberana”, pero que “como demócratas” proponen al Congreso crear la comisión “para evaluar, estudiar y proponer de manera seria y responsable una decisión consensuada sobre la continuidad del Perú en dicho sistema”.
De acuerdo a Arana, la comisión propuesta estará conformada por miembros del Parlamento, Ejecutivo, sociedad civil, academia y otras instituciones.
¿Qué es el SIDH?
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) es un conjunto de normas e instituciones creadas para promover y proteger los derechos humanos en los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su base legal se encuentra en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en 1969 y vigente desde 1978.
El SIDH está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La CIDH, tiene Washington D.C. y es el órgano encargado de promover y proteger los derechos humanos en los países miembros de la OEA. Se dedica a recibir denuncias, investigar casos y emitir recomendaciones para que los Estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Asimismo, la Corte IDH, ubicada en San José, Costa Rica, es el tribunal responsable de juzgar casos de violaciones a los derechos humanos y emitir sentencias vinculantes para los países que han reconocido su jurisdicción. Ambos organismos trabajan de manera coordinada para supervisar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados regionales, garantizando la protección de los derechos fundamentales en la región.
¿Qué implica pertenecer a la SIDH?
Cuando un país ratifica su ingreso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), significa que ha aceptado los compromisos establecidos por la Organización de Estados Americanos (OEA) para la protección y promoción de los derechos humanos en la región.
Esto implica que el país reconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se somete a la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, si ha aceptado su jurisdicción, también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En la práctica, esto permite que ciudadanos y organizaciones puedan presentar denuncias ante la CIDH si consideran que el Estado ha vulnerado sus derechos. Si el caso avanza y el país ha reconocido la jurisdicción de la Corte IDH, esta puede emitir sentencias vinculantes que el Estado debe cumplir, aunque hay casos en los que países han desobedecido sentencias de este organismo.
¿Desde cuándo está el Perú?
Perú se adhirió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 de julio de 1978, durante la segunda fase de la dictadura militar de Francisco Morales Bermúdez.
Posteriormente, en 1981, un año después de que el Perú retornó a la democracia, bajo el gobierno del expresidente Fernando Belaunde, reconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que permitió que casos relacionados con derechos humanos fueran revisados por este tribunal.
Francisco Morales Bermúdez
¿Qué implica que un país se retire?
Para que un país se retire del SIDH, debe denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos ante la OEA. Este proceso implica que el Estado notifique formalmente su decisión y cumpla con los plazos establecidos en la Convención.
El retiro no es inmediato. Según el Artículo 78 de la Convención, la denuncia surte efecto un año después de que la OEA reciba la notificación oficial. Durante ese período, el país sigue obligado a cumplir con la Convención y puede ser sujeto de procesos en la CIDH y la Corte IDH.
Además, si el país tiene casos pendientes en la Corte IDH antes de que el retiro se haga efectivo, sigue siendo responsable de cumplir con las sentencias emitidas.
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