El Ejecutivo sigue apostando por el registro de formalización minera, pese al avance descontrolado de la minería ilegal. Esta situación queda evidenciada en las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que muestran que la brecha entre la producción y la exportación de oro más que se ha duplicado en la última década.
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En febrero, la producción de oro registrada por el Minem alcanzó los 7’804,871 gramos finos. En contraste, en ese mismo mes se exportaron 15’753,911 gramos finos, es decir, cerca del 50% del oro exportado no figura en los registros oficiales de producción. Podría pensarse que esta diferencia responde a un sobrestock acumulado de años anteriores, pero los datos lo descartan. Este mismo patrón se repite desde hace al menos una década. Aún más preocupante, en 2015 el porcentaje de oro exportado que no estaba registrado era de solo 23%. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿de dónde proviene el excedente de oro que se vende al exterior?
Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), advirtió a Perú21 que cerca del 50% del oro que exporta el país proviene de la minería ilegal, por lo que no genera ingresos tributarios para el Estado. Además, esta actividad se desarrolla al margen de los derechos laborales, lo que expone a los trabajadores a condiciones precarias y sin protección. Se trata, por tanto, de una minería que ensucia, contamina y abusa.
“El problema es que el Perú no gana nada con eso. Por el contrario, pierde. Se estima que el valor de lo producido por la minería ilegal bordea entre US$10,000 millones y US$12,000 millones al año, y nada de eso se destina a hospitales, escuelas o infraestructura que beneficie al país”, explicó.
En la misma línea, el exviceministro de Minas Guillermo Shinno sostuvo que la minería ilegal impide cerrar la brecha social en varias regiones, ya que solo beneficia a pequeños grupos. Impacto creciente
Los analistas advirtieron que, como consecuencia del avance de la minería ilegal, la producción legal se viene reduciendo. En el primer trimestre cayó 10.9% interanual. Asimismo, recordaron el impacto directo que esta situación tiene sobre empresas formales como La Poderosa (Pataz), que ha sido víctima constante de la criminalidad, generando daños materiales, pero también el asesinato de personas.
“La minería ilegal se ha expandido gracias al Reinfo, con el apoyo de varios gobernadores regionales que incluso figuran en ese registro. Por eso, con las medidas actuales que se están dictando, no creo que se logre una verdadera reducción de esta actividad”, comentó Gálvez.
Para Shinno, el riesgo de que el problema se profundice es alto, especialmente de cara a las elecciones generales del próximo año. “Habrá financiamiento ilegal y candidatos que llegarán con la promesa de seguir ampliando el Reinfo”, advirtió.
En ese contexto, propuso un cambio de enfoque en las acciones de control: “Hay que comenzar a fiscalizar las plantas, porque desde ahí podemos rastrear el origen del oro ilegal. No debemos concentrarnos únicamente en los pequeños mineros”.
El exviceministro señaló que la minería ilegal no solo afecta la producción nacional, sino también cómo es visto el Perú en el resto del mundo. “Este tipo de problemas genera incertidumbre y ahuyenta a los inversionistas que quieren ingresar al Perú”, concluyó. Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper. ¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.
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