A cinco meses de la primera querella asociada al Caso Sartor, las investigaciones sobre las diferentes ramificaciones penales están en marcha.
Según expertos en el tema, a diferencia de los escándalos que han involucrado a la industria de fondos, en esta ocasión se está investigando el complejo modelo de negocios de una gestora, en particular, sus operaciones de deuda privada.
Se ha informado que un grupo de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI), designado por el Ministerio Público, está encargado de recopilar información relevante para el caso.
Se han realizado diligencias para recopilar información financiera de las diferentes partes del caso principal, que involucra las inversiones de la gestora Sartor AGF y sus implicaciones. Además, se han tomado declaraciones iniciales a un grupo de testigos.
La causa penal se inició con la querella de Credicorp por administración desleal, a la que más tarde se sumó la de un grupo de clientes de Sartor que presentaron una querella contra los exdirectivos y socios por un posible esquema defraudatorio.
En el ámbito financiero, la Fiscalía también ha incorporado a la causa la querella de exinversionistas de eCapital por presunta estafa.
Las investigaciones están a cargo del perceptor adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad, Juan Pablo Araya.
Causa compleja
En el marco de las investigaciones lideradas por la Bridec, se ha solicitado información a la intervenida Sartor AGF, actualmente bajo la supervisión del liquidador Ricardo Budinich.
Se ha destacado que, a diferencia de otros escándalos financieros recientes que han involucrado a la industria de fondos, esta investigación presenta mayores dificultades.
Esto se debe a que se está investigando el modelo de negocios completo de una gestora, con operaciones complejas de deuda privada dentro de los fondos.
Para ello, los involucrados en el caso están siguiendo de cerca el trabajo de las consultoras PwC y Deloitte, seleccionadas por la gestora Sartor AGF para valorar las carteras de los fondos y sus inversiones cuestionadas.
Además, las investigaciones incluyen la arista de la fallida Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el 100% de la concesionaria de la Universidad de Chile, Azul Azul, por parte de Michael Clark, ya que los segundos principales accionistas de la compañía, la familia Schapira, se querellaron por fraude.
La entrampada avanzada de Larraín
Paralelamente a ser objeto de querellas o ser mencionado en otras, el presidente de Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín, ha iniciado su propia ofensiva judicial.
A finales de febrero y principios de marzo, presentó dos querellas por denuncia calumniosa contra inversionistas de eCapital que lo acusaron de estafa, apropiación indebida y negociación incompatible.
Sin embargo, su acción en los tribunales se ha visto obstaculizada. A mediados de abril, la primera querella recibió una comunicación de no perseverancia de la investigación por parte de la persecutora adjunta de la Fiscalía de Santiago Centro, Alicia Ascencio, debido a la falta de antecedentes suficientes para fundamentar una acusación.
Tras una solicitud de reapertura de las investigaciones por parte de los abogados de Larraín, se programó una audiencia para el 30 de mayo para determinar si se continúa con el caso.
Por otro lado, la segunda querella, que fue inicialmente declarada inadmisible por el juzgado, fue aprobada por la Corte de Apelaciones a principios de este mes.
En caso de continuar, esta arista se desarrollaría paralelamente a la investigada por la Fiscalía de Alta Complejidad.
Abogados
En cuanto a los abogados involucrados, los socios de Winter Etcheberry, Jaime Winter y José Cabrera, junto con el socio de Albagli Zaliasnik, Antonio Rubilar, defienden a Grupo Sartor. También se une a sus representados Michael Clark.
El accionista del grupo, Óscar Ebel, quien se autodenunció ante el Ministerio Público, cuenta con la representación del socio de EH Abogados, Alejandro Espinoza, diferenciándose de la estrategia del resto de los socios de Sartor.
Por otro lado, la defensa de Carlos Larraín, hermano del socio fundador de Sartor, Pedro Pablo Larraín, está a cargo de la socia de LBG Abogados, Catherine Lathrop.
En cuanto a los querellantes, Juan Domingo Acosta asesora a Credicorp, mientras que los socios de BACS Abogados, Miguel Schürmann y Alejandro Awad, representan a la familia Schapira.
Los inversionistas de Sartor querellados por presunta estafa son representados por el socio de Abogabir Miranda, Diego Abogabir. Por su parte, los acreedores de eCapital cuentan con la representación del abogado Andrés Balart.