Casi 50 comunidades atacameñas son el invitado de piedra del acuerdo Codelco-SQM. Más que el abrumador rechazo al pacto de parte de la Cámara de Diputados, los pueblos Lickanantay tienen el poder de deslegitimar la asociación de las mineras para explotar el Salar de Atacama por 30 años y de ahí el sigilo con que se está llevando a cabo esa crucial negociación. Precedentes hay: la licitación de litio realizada en el segundo Gobierno del Presidente Sebastián Piñera fue anulada en la justicia por el factor etniko.
Aunque en la asociación para explotar el Salar de Atacama los titulares son Codelco y SQM, es otro organismo quien lleva a cabo la consulta indígena por este contrato. “Corfo es el órgano responsable de la consulta indígena, cuyo objeto son las medidas administrativas susceptibles de afectar directamente al pueblo Atacameño o Lickanantay, contenidas en los borradores de contratos para la explotación del Salar de Atacama”, explicó esta repartición pública liderada por su vicepresidente ejecutivo, José Miguel Benavente.
Este proceso es in situ, en la cuenca atacameña. No hay un lugar de reunión fijo: la primera cita, el 5 de noviembre de 2024, fue a las 9:30 horas, en la sede de la Comunidad Indígena Atacameña de Río Grande y simultáneamente se realizó otra en el Centro de Desarrollo Agrícola Ambiental de Camar. Desde entonces, va cambiando de lugar: se han hecho encuentros en el gimnasio de Toconao, en la sede del ayllu de Cucuter, en la junta de vecinos de Peine. La contraparte de la agencia estatal son las organizaciones representativas del pueblo Atacameño o Lickanantay, esto es comunidades y asociaciones indígenas, representadas por intervinientes designados para estos efectos por cada organización. Son 48, algunas con raigambre territorial, otras son asociaciones indígenas, algunas con represetación jurídica y otras en formación (ver mapa). Hay diferencias entre ellas: las del sur, que son las más cercanas a la operación de litio -Toconao, Talabre, Socaire, Camar y Peine- perciben que tienen más derechos que otros pueblos más alejados, además de estar vinculados en una histórica relación con SQM.
Aunque la consulta la lleva Corfo, tanto Codelco como SQM siguen de cerca las tratativas y participan en ellas, ya sea aportando antecedentes o validando eventuales compromisos.
“Es más que una consulta indígena, es un gran hito, que marcará precedentes por estándar, representatividad y profundidad”, dice un abogado que ha participado en procesos anteriores de este tipo.
Orgánica
Preparar la consulta misma fue una tarea ardua, que demoró casi un año, cuentan conocedores del proceso. Un tema clave fue determinar quién participaba en ella, al final se optó por no excluir a las comunidades, muchas de ellas peleadas entre sí y que pedían dejar fuera a ciertos actores. De hecho, abogados expertos en el tema consideran que dado que la representación puede ser objeto de judicialización posterior, Corfo optó por no marginar a nadie.
La primera reunión, a fines de 2025, fue para planificar el proceso, detalla Corfo. De ahí se pasó a la entrega de información de los incumbentes, luego las fases de deliberación interna, diálogo y sistematización, siendo esta última una etapa interna de la agencia estatal.
Hoy están en la etapa de diálogo, que está programada para terminar el 19 de julio de 2025. Aquí se realizan reuniones semanales donde se ven los principales temas. Asisten, en promedio, unas 200 personas.
Son 13 temas a abordar en estos encuentros. Ya se vieron varios asuntos técnicos, como desarrollo de nuevas tecnologías en procesos productivos en el Salar de Atacama; el balance hídrico y uso sostenible del agua continental, el compromiso de utilización de energías limpias, así como las garantías del cumplimiento ambiental. Las temáticas que vienen en las reuniones próximas son relativas a las prohibiciones con fines de protección socioambiental y los anillos de protección -de 2 a 10 kilómetros en torno al Salar- así como el acceso a la información ambiental y operativa del proyecto para que las comunidades tengan registro y puedan fiscalizar el cumplimiento de los compromisos.
Y en las últimas semanas se verán los temas más candentes: los aportes económicos a las organizaciones indígenas y la implementación anticipada de los compromisos adquiridos.
En el tema monetario, el interés de los pueblos es que el aporte que ya hacen Albemarle y SQM sea “el piso”. No es poco. El acuerdo de la norteamericana con el Consejo de Pueblos Atacameños y las 18 comunidades que lo conforman es repartir el 3,5% de las ventas de litio a las comunidades y en ese concepto se han entregado
US$ 100 millones desde 2016.
Respecto de SQM, entre 2018 y 2022 el aporte llegó a US$ 63,5 millones. Desde esos años a la fecha, la transferencia comprometida varía entre US$ 10 millones y
US$ 15 millones por año.
Según un asesor de la comunidad, hay varios temas complejos, como los que tienen que ver con la soberanía territorial y la inequidad en la distribución de la cargas y beneficios en los territorios. Esto porque “hay comunidades pequeñas (20 personas) que viven alejadas y no reciben efectos negativos pero quieren recibir los mismos beneficios que las afectadas”, dijo este asesor de un pueblo del sur.
No hay votación
Un aspecto sui generis es que, de acuerdo a Corfo, “en esta consulta indígena los acuerdos se adoptan a través de un proceso de co-construcción de consensos entre Corfo y las organizaciones representativas del pueblo atacameño o Lickanantay, no a través de votación”.
Pero, como dijeron distintos ejecutivos de las empresas, “si no se logra un acuerdo te pueden hacer la vida a cuadritos”. Y es que pueden entorpecer, por ejemplo, la evaluación ambiental del contrato de los próximos 30 años y la expansión de producción. Dichos estudios iniciarían la tramitación ambiental en 2026 y en ellos también hay una instancia de participación ciudadana e indígena, pero a cargo del Sistema de Evaluación Ambiental.
Estas negociaciones con las comunidades atacameñas, destacan sus contrapartes, son altamente profesionalizadas. “Se parecen más a cómo negocian los sindicatos de las grandes mineras, porque tienen asesores legales, económicos y hasta comunicacionales”, señala un participante.
Diferencias entre pueblos
La consulta ha dejado entrever grandes diferencias intra pueblos. De hecho, comentaron ejecutivos de las mineras, al inicio había reticencia entre las comunidades más grandes para participar, pero ahora son éstas, en especial, Talabre, Peine, Socaire, Camar y Toconao, las que impulsan los acuerdos.
Según un abogado que participa en las tratativas, hay otras, las del norte y más alejadas de la operación del litio, que “sólo buscan negociar beneficios económicos e instancias de poder sobre temas que afectan a las comunidades del sur”.
Pero hay un tercer grupo en las tratativas, como son aquellos pueblos y asociaciones aledaños a San Pedro de Atacama, que tienen otra agenda y otros intereses.