En la nueva acusación que presentó el fiscal José Domingo Pérez contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el integrante del equipo especial Lava Jato pidió la exclusión de 19 procesados por los presuntos aportes ilicitos de campaña y alegó que se vio obligado a tomar esa decisión por la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional (TC) ante un recurso que interpuso el exdirigente fujimorista José Chlimper.
El máximo intérprete de la Constitución otorgó un plazo excepcional de 10 días para que el Ministerio Público presente sus alegatos.
En el documento de 3,638 páginas, al que tuvo acceso Perú21, Pérez alega que a causa de la resolución del TC requiere al juez Wilson Verástegui archivar contra estas personas las imputaciones por lavado de activos y organización criminal.
Criticó el fallo del máximo intérprete de la Carta Magna porque “adoptó una posición marcadamente rígida” que “imposibilita agregar narraciones adicionales al requerimiento acusatorio por más que estas sean circunstanciales para contextualizar las imputaciones previamente formuladas”.
Chlimper, quien fue secretario general del partido Fuerza Popular, reclamó porque los hechos que se le atribuyeron durante la investigación preparatoria diferían de los que finalmente figuraban en la primera acusación.
Por ejemplo, en la formalización de investigación preparatoria se indicaba que “la distribucion de los roles” venía desde la lideresa de la presunta organización criminal y era quien “disponía las acciones a tomar y quien ejercía el máximo poder”; mientras que en la acusación se señalaba que era Chlimper Ackerman “el que definía los roles y funciones de los integrantes, así como planificaba las estrategias”.
El TC le dio la razón al procesado y advirtió que se había configurado una “acusación sorpresiva”, ya que este no se pudo defender de las nuevas imputaciones durante la fase de investigación.
Ante ello, el fiscal Pérez sostuvo que debía solicitar la exclusión de esas personas, entre las que figuran falsos aportantes, el empresario Ricardo Briceño, el “asesor en la sombra” Vicente Silva Checa, y la secretaria de Keiko Fujimori, Carmela Paucará.
Respecto a Briceño, sin embargo, la Corte Suprema ya había emitido una sentencia que obligaba a reconocer una decisión fiscal en la que se concluía que el expresidente de la Confiep no había incurrido en fraude administrativo como insistía Pérez. Por tanto, sería excluido del proceso penal de todas formas.
“Este despacho fiscal no puede sostener una tesis acusatoria” señaló Pérez por cada uno de los 19 investigados a los que ya no procesará más. El juez Verástegui deberá evaluar el pedido cuando inicie el control de acusación.
Eso sí, el panorama penal no ha cambiado para Fujimori, para quien se pide 35 años de cárcel, y su cúpula. Pier Figari, Ana Herz. Jaime Yoshiyama y José Chlimpler son acusados junto a otras 9 personas y dos personas jurídicas por el delito de lavado de activos.
De acuerdo a la indagación, las campañas fujimoristas de 2011 y 2016 recibieron dinero ilicito, siendo la empresa brasileña Odebrecht una de esas fuentes con ingresos por US$1 millón.
Aunque la defensa de la excandidata presidencial interpuso un habeas corpus ante el TC para anular las pesquisas, y será esta instancia la que tendrá la última palabra.
Fiscal Pérez mantiene acusación contra Keiko Fujimori y pide 35 años de cárcel. Tenga en cuenta
-La campaña de Keiko Fujimori en 2016 recibió S/19’385,319, según la Fiscalía.
-El Poder Judicial debe convocar a audiencias de control de acusación antes de determinar si el caso se encamina a juicio.
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