Luis Brussy Barboza Dávila desempeñó un papel fundamental en el lavado de dinero ilícito utilizado en las campañas fujimoristas de 2011 y 2016, según el fiscal José Domingo Pérez. Como funcionario de la ONPE y responsable de la supervisión de fondos partidarios, avaló los informes financieros de la organización política como si nada hubiera pasado cuando debía ser el filtro que detectara, por ejemplo, a los falsos aportantes o que existía una injustificada y exorbitante fuente de ingresos.
En su voluminoso requerimiento de 3,638 páginas, el integrante del equipo Lava Jato alegó que se vio obligado a variar por sentencia del TC.
De acuerdo con Pérez, Barboza permitió “las inexactitudes, falsedades e imprecisiones” presentadas por el partido de Keiko Fujimori, para quien pide 35 años de cárcel. Sin embargo, pese a la gravedad del asunto, no será enjuiciado por decisión del propio fiscal.
En su renovada acusación, que se extiende en 3,638 páginas, Pérez Gómez ha prescindido de 19 procesados que antes parecían ser cruciales para sostener la investigación que le ha llevado casi una década construir. Luis Barboza es uno de ellos.
El miembro del Equipo Especial Lava Jato ha alegado que el Tribunal Constitucional (TC) lo obligó a tomar esa postura con la sentencia que favoreció a José Chlimper, exsecretario general de Fuerza Popular.
En ese fallo, el máximo intérprete de la Carta Magna concluyó que se había dejado en indefensión a Chlimper porque en la acusación se le imputaron hechos que no figuraban en la fase de investigación preparatoria.
Ese criterio sirvió para que el resto de acusados, incluida la excandidata presidencial, exigiera que se le aplique la resolución y con ello librarse del juicio. Aunque solo con 19 funcionó; 16 se mantienen procesados, entre ellos el propio Chlimper.
“No es posible atribuirle los hechos (al acusado), sin contrariar la sentencia del TC, al no haber sido descritos de manera expresa y literal en la disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria y sus ampliaciones”, argumentó Pérez por cada uno de los excluidos.
Pero esta no ha sido la única vez que el TC ha intervenido para enmendarle la plana al fiscal provincial desde que presentó la primera acusación, en 2022.
En agosto de 2024, el órgano constitucional anuló la acusación contra Keiko Fujimori y seis de sus abogados por el delito de obstrucción a la justicia, y dispuso que la indagación regrese a fojas cero.
Arsenio Oré Guardia, exdefensor legal de la lideresa fujimorista, interpuso un recurso advirtiendo que José Domingo Pérez no garantizaba imparcialidad en ese proceso porque era juez y parte, ya que aducía que los abogados habían entorpecido sus pesquisas y él mismo conducía la indagación siendo afectado.
El TC, de esa forma, forzó a Pérez a excluir de la acusación madre a los seis letrados y ordenó que otro fiscal sin conflicto de interés los investigara.
Y aún falta un último pronunciamiento que puede traerse abajo no solo el caso fujimorista, sino también la sentencia contra el expresidente Ollanta Humala y procesos similares donde se impute aportes ilícitos de campaña que, en su mayoría, provinieron de empresas brasileñas.
Esta semana, el tribunal que preside Luz Pacheco incorporó a la Fiscalía en el habeas corpus que interpuso la defensa de Fujimori Higuchi, para escuchar sus alegatos, y le dio un plazo de 10 días hábiles, desde el 9 de julio, para que los presente por escrito.
Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, pidió a los siete tribunos que anulen la investigación contra su patrocinada por lavado de activos aduciendo que los aportes de campaña no eran delito en 2011 y 2016; y que, si hubo alguna irregularidad, esta no pasó de ser una falta administrativa.
No obstante, lo que podría verse como un acto de buena fe al convocar al Ministerio Público, para la extitular del TC Marianella Ledesma es parte de una estrategia.
La exmagistrada indicó a Perú21 que el TC se está preparando para “convertir” el habeas corpus en un amparo y así tener la posibilidad legal de decidir sobre la investigación penal. Es decir, para acoger el requerimiento y anular toda la investigación.
“El tribunal está evidenciando que hay algo irregular y que necesita corregir; está allanando el escenario para hacer la conversión y mirar el caso bajo las reglas del amparo. Todo apunta a que van a afectar el trabajo del Ministerio Público y, por eso, lo están llamando”, detalló.
El habeas corpus es un recurso que sirve para atender posibles violaciones a la libertad de la persona, mientras que el amparo apunta a subsanar la vulneración de derechos.
Ledesma sostuvo que el Tribunal Constitucional debió actuar de la misma forma con el habeas corpus que interpuso Chlimper, ya que su decisión advirtió afectaciones al derecho de defensa del empresario.
Este diario también conversó con el penalista Andy Carrión, quien adujo que el TC sí puede resolver el conflicto con el habeas corpus y consideró que al convocar a la Fiscalía “busca curarse en salud” para señalar que tomó una decisión tras escuchar a todas las partes.
Asimismo, Carrión sostuvo que la entidad no puede archivar el caso si sentencia que no hubo delito en las donaciones no declaradas, y lo que podría hacer es regresarlo a la fase preliminar.
“Los magistrados no pueden archivar la investigación. La única facultad que tienen es anular y ordenar que la Fiscalía se pronuncie en el sentido de la sentencia”, insistió.
Ese fallo es decisivo. No solo Keiko Fujimori está a la expectativa, también Humala y hasta la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, que asegura que los aportes de OAS y Odebrecht que recibió solo fueron donaciones y no un acto de corrupción.
Casi diez años de investigación penal, que expuso pactos y movidas millonarias en las sombras de la política nacional, pueden reducirse a una simple anécdota en los próximos días.