El ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, interpuso una denuncia penal contra Ranjiro Nakano Osores, director ejecutivo del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), por vincularlos con presuntos actos de corrupción y ratificó que no se renovará contrato con la empresa Odebrecht.
La delación también recayó sobre el gerente de la empresa IAGESA SAC- White Water, Saúl Yabar.
Como se recuerda, ambos personajes protagonizaron un audio, que fue compartido por el congresista Juan Burgos, en el que se comprometió al titular del Ministerio de Economía con direccionar la licitación para adjudicar operaciones del proyecto Olmos.
En consecuencia, el ministro querelló a Rankano por el presunto delito contra la administración pública y negociación incompatible. A Yabar por delito contra la administración pública y tráfico de influencias simulados.
Ambos en agravio de Pérez-Reyes y del Estado peruano, señaló el documento compartido por el mismo funcionario en sus redes sociales.
En la publicación en X, el también exministro de Transportes y Comunicaciones argumentó que la denuncia fue “frente a los intentos de marchar mi nombre que afectan la correcta administración pública y desprestigian mi imagen y el cargo que ostento”.
El ministro de Economía volvió a rechazar haberse reunido, ni se reunirá, “jamás con quienes pretenden beneficiarse a costa del Estado”.
“Este 26 de septiembre, el Proyecto Olmos seguirá adelante bajo gestión del PEOT, con respaldo técnico, legal y financiero del Estado, mientras que ProInversión realiza el concurso público para tener un nuevo concesionario. La transparencia no se negocia”, concluyó.
El Proyecto de Trasvase Olmos, una de las principales obras de irrigación del norte del Perú, enfrenta la próxima salida de su actual operadora. El contrato con la empresa Concesionaria Trasvase Olmos S.A. (CTO), vinculada al grupo Odebrecht —actualmente Novonor— vence en septiembre de 2025, y el Gobierno ha confirmado que el acuerdo no será renovado debido a los antecedentes de corrupción reconocidos por la compañía brasileña.
La legislación peruana prohíbe mantener vínculos contractuales con empresas que hayan reconocido actos de corrupción, como Odebrecht. En ese contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas, junto con otras entidades estatales, ha descartado cualquier prórroga o adenda con Novonor.
