El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ha presentado una iniciativa legal revolucionaria que busca permitir a los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional del Perú acceder al contenido de los teléfonos celulares incautados en centros penitenciarios. Esta medida, aprobada en el último Consejo de Ministros, tiene como objetivo desarticular las redes de extorsión, sicariato y secuestro que operan desde las cárceles.
El proyecto de ley modifica el Código Procesal Penal para permitir el acceso a los dispositivos móviles con la autorización previa de un fiscal, estableciendo protocolos estrictos de confidencialidad. El ministro de Justicia declaró que esta herramienta fortalecerá la inteligencia penitenciaria y protegerá a la sociedad. La reforma forma parte de la emergencia en el sistema penitenciario y del Plan de Reestructuración del INPE al 2030. Incluye la creación del artículo 37-C en el Código de Ejecución Penal, que regulará el procedimiento para garantizar los derechos fundamentales.
Los expertos en seguridad han celebrado esta iniciativa, que ahora pasará al Congreso para su debate. Se estima que esta medida podría reducir en un 40% los delitos cometidos desde la prisión, especialmente las extorsiones a empresarios y familiares de los reclusos.