Finalmente el bullado proyecto de fraccionamiento
Finalmente el bullado proyecto de fraccionamiento, aquel que redistribuye las cuotas pesqueras entre el sector industrial y el artesanal, fue aprobad en la Sala del Senado y culminó su trámite legislativo, quedando listo para ser Ley.
Tal como lo ha hecho a lo largo del proceso, la industria, que ve disminuidos sus porcentajes, volvió a manifestarse contra la nueva norma.
“Primero nos dijeron que el fraccionamiento duraba hasta 2032, pero lo cambiaron a mitad de camino. Ahora nos fijan nuevas reglas del juego supuestamente hasta 2040, pero el Gobierno no estuvo disponible para dictar un artículo que asegure que no habrá más modificaciones. Esto genera incertidumbre no solo para las empresas, sino para sus trabajadores, tripulantes, proveedores y comunidades enteras que viven de la pesca”, declaró el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Felipe Sandoval.
“Más allá de las legítimas acciones legales que puedan emprender algunas empresas, lo fundamental es avanzar en una visión de largo plazo para el desarrollo sostenible del sector pesquero en su conjunto, y no solo de una parte de él”, añadió el dirigente gremial.
Este martes, la iniciativa ya había sido aprobada
Este martes, la iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y, en ese contexto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, sostuvo que la nueva ley significará un traspaso de en torno a US$ 160 millones desde el sector industrial al artesanal.
Hay pesqueras que incluso han anunciado acciones legales contra el Estado, tales como Camanchaca, que también volvió a salir al paso. “La industria pesquera ha sido golpeada duramente por esta ley que introduce estos cambios siete años antes de lo previsto por la ley vigente (2032), lo que conlleva un perjuicio económico enorme, que en el caso de las empresas del Biobío es doble porque deberán pagar un arancel de más de un 30% sobre las importaciones de cuotas extranjeras de jurel”, dijo su gerente general, Ricardo García.
El ejecutivo agregó: “No nos queda otra opción que acudir a la justicia para solicitar una indemnización que repare el daño causado a nuestros accionistas, entre los cuales hay fondos de pensiones que representan a más de seis millones de afiliados”.