La investigación sobre este caso de corrupción involucró a más de 50 fundaciones en 11 regiones, y se estima que el monto defraudado alcanzó los $14 mil millones (US$16.4 millones). Entre las entidades beneficiadas figuraban —la ahora nuevamente notoria— ProCultura y Urbanismo Social. Como resultado, varias autoridades, incluido el entonces ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, renunciaron, mientras que la diputada Catalina Pérez fue desaforada, aunque sigue percibiendo su dieta parlamentaria.
"Es difícil cuantificar el impacto en la confianza tributaria y en la imagen de las instituciones tras este último escándalo."
El elefante en la habitación fue la falta de transparencia en la asignación de fondos públicos, algo inaceptable tratándose de recursos de todos los chilenos. La Contraloría señaló entonces una "evidente debilidad institucional" y "alta discrecionalidad en el financiamiento por parte de organismos regionales". Tras el caso Convenios, se propusieron reformas para fortalecer los controles y evitar irregularidades.
Sin embargo, estas medidas no parecen suficientes. En abril de este año, estalló el escándalo por la destitución de la senadora Isabel Allende Bussi, quien intentó firmar un contrato con el Estado, pese a estar prohibido para parlamentarios según la normativa vigente.
Mayo, además, ha sido pródigo en escándalos. Junto al caso ProCultura, salió a la luz una investigación sobre licencias médicas fraudulentas en el sector público. La Contraloría reveló que, entre 2023 y 2024, unos 25.000 funcionarios fiscales viajaron al extranjero durante sus períodos de reposo. Se emitieron 35.585 licencias, que permitieron 59.575 entradas o salidas del país; el 69% fueron otorgadas por Fonasa. Los viajes se concentraron en septiembre y diciembre, con una duración promedio de 17 días.
Más allá del perjuicio económico millonario, este escándalo ha generado un fuerte cuestionamiento a la ética de los funcionários públicos. Finalmente, se ha empezado a exigir mayor eficiencia en el control estatal, en un escenario fiscal complejo. Es difícil medir el impacto que tendrá esto en la confianza tributaria y en la imagen de las instituciones.