En Pataz, una de las provincias de La Libertad con mayor producción de capital minero de todo el Perú, la ejecución de obras públicas ha quedado en manos de empresas con antecedentes por irregularidades.
Al menos un total de siete contratos por más de 17 millones de soles fueron otorgados entre 2024 y 2025 a consorcios que incluyen empresas con antecedentes graves, como sanciones y penalidades por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), inhabilitaciones o irregularidades en otros proyectos públicos a nivel nacional.
Mientras Pataz solo ha ejecutado uno de cada cuatro soles de todo su presupuesto para servicios básicos, como educación, salud o transporte. Lo cierto es que en Pataz hay otras prioridades, como dar más de S/12 millones para la construcción de canchas deportivas para jugar futbol.
Una de las obras fue identificada hace más de un mes por Perú21 cuando revelamos que durante la gestión del actual alcalde Aldo Carlos Mariño se ha priorizado la construcción de estadios de fútbol antes que infraestructura necesaria para los sectores salud y educación.
Se trata de la construcción del Estadio Municipal Andrés Marsano Porras, en el pueblo de Tayabamba, que fue adjudicada por S/6.9 millones al consorcio Ejecutor Tayabamba.
Este grupo está liderado en un 95% por la empresa Continental Constructora y Servicios Generales SAC, la cual fue sancionada en 2017 por presentar información falsa ante el OSCE y fue inhabilitada por un año, tal como pudo corroborar este diario.
Además, una resolución del Poder Judicial de 2022 solicitó al organismo regulador que inicie un proceso sancionador contra la misma empresa, por un contrato que incumplió cuando formó parte de otro consorcio llamado Consergen.
El PJ dispuso resolver el contrato en Áncash por más de medio millón de soles, ya que Consergen detuvo la construcción de la obra sin justificación y acumuló más multas de las permitidas por retrasar el proyecto que iba a beneficiar a cientos de pobladores.
Para junio de 2025, el estadio Andrés Marsano debió haber estado culminado, pero presenta apenas un 2.7% de avance físico. Y tal como pasó en Áncash con el consorcio Consergen, paralizaron la obra entre diciembre y abril, alargando así el plazo de entrega hasta quién sabe cuando. La empresa asegura que diciembre.
Otro caso es el del consorcio Puentes, encargado de renovar un puente en la vía vecinal LI-877 con un presupuesto de S/3.4 millones. La empresa principal, Constructora Guerrero EIRL, arrastra dos inhabilitaciones impuestas por el OSCE entre 2017 y 2021 por documentación adulterada.
Pese a que la obra se encuentra “en ejecución” iniciada en febrero de 2025 y, según el cronograma debería terminar de construirse este próximo lunes 14 de julio, la obra tiene un avance físico del 0%.
El sector educación tampoco se salva. La obra de mejoramiento del colegio Sor María del Sagrado Corazón (S/1.9 millones) fue encargada al consorcio J y M, donde participa Contratistas Otiniano Salvatierra SAC. Esta empresa acumula revocatorias de adjudicaciones, nulidades de procesos y denuncias por colegios mal construidos. La obra debía terminar en mayo de 2025, pero su avance llega apenas al 59.85%. Su socia, Constructora JMM SRL, también perdió una buena pro en otro concurso en Pataz.
Y la historia se repite con otros cuatro casos revisados, donde al menos una de las empresas integrantes de los consorcios adjudicados presenta antecedentes. Además, cuatro de las siete obras están retrasadas o prácticamente paralizadas, con avances físicos entre el 0% y el 2.7%, pese a que ya pasaron sus fechas de entrega contractual.
Al respecto, el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariño, mencionó a Perú21 que tiene un equipo encargado de los temas administrativos que seleccionan a los consorcios y empresas para las obras públicas de la municipalidad que dirige, él no se involucra en ello. Además, aseveró que una empresa que no entrega una obra o que tuvo contratos resueltos por incumplimiento no debería volver a contratar con el Estado.
“Con ese historial, no deberían volver a contratar. Pero este es un problema de fondo, estructural. Yo veo la parte política. Los procesos son evaluados por un comité técnico (de la municipalidad). Si hubiera alguna irregularidad, Contraloría debió advertirme. Voy a pedir un informe detallado de cómo se llevaron a cabo los procesos de selección”, señaló.
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