A fines de 2024, Olivar Export y su sociedad vinculada Superfruta se acogieron a un proceso de reorganización judicial con la esperanza de refinansiar pasivos cercanos a US$ 21 millones y evitar la quiebra.
US$ 21 millones es el monto de los pasivos de las empresas.
Aunque pertenecen al mismo grupo -ligado a Felipe Miranda y Emilia Villanueva- los procesos de liquidación se llevaron a cabo por separado, ya que cada sociedad contaba con activos distintos. Olivar Export era propietaria del inmueble, derechos de agua, galpones, cámaras de frío y toda la infraestructura de la planta procesadora de fruta; mientras que Superfruta operaba bajo un contrato de leasing con Banco Consorcio para las líneas de proceso.
La primera en caer fue Olivar Export, que intentó salvarse con un plan que buscaba reactivar la actividad exportadora y diversificar el uso de sus tierras.
Sin embargo, la propuesta no logró convencer a sus acreedores: en la clase valista, aunque el 80% de los asistentes votó a favor, representaban solo el 65,6% del pasivo con derecho a voto, por debajo del quórum legal. Por su parte, la clase garantizada, con el 100% de los votos en contra -incluido BCI-, cerró cualquier posibilidad de salvar a la compañía, lo que llevó al 2° Juzgado Civil de Rancagua a decretar su liquidación forzosa.
El tribunal designó como liquidadora a la abogada Loreto Reid, quien inició la venta de activos para cubrir deudas.
Entre los bienes a liquidar destacaban terrenos en Rengo (Región de O’Higgins), derechos de agua, la planta de trabajo, instalaciones, construcciones, maquinaria y equipos -incluyendo pallets, contenedores plásticos y vehículos-, que finalmente quedaron en manos de una empresa agrícola bajo reserva.
La enajenación de la planta y sus activos generará ingresos por alrededor de $7.800 millones, monto que, una vez conclida la escrituración, será distribuido entre los acreedores.
Poco después, Superfruta siguió el mismo camino. Banco Consorcio puso a la venta las líneas de producción, que fueron adquiridas por la misma compañía que se quedó con los bienes de Olivar Export.
Nuevos frentes
Al proceso de liquidación se suman múltiples frentes judiciales. Tal como informó Diario Financiero, la compañía acumula 17 denuncias en la Policía de Investigaciones (PDI) interpuestas por agricultores, además de una querella presentada por Shanghai Yuhua Fruits y diversas demandas civiles por deudas impagas a empresas chinas, bancos y productores locales.
La querella de Shanghai Yuhua Fruits, ingresada en agosto de 2024, detalla que en 2023 Olivar Export se comprometió a entregar 15 contenedores de cerezas por US$ 828 mil, pero solo despachó uno, pese a haber recibido tres de las cuatro cuotas pactadas.
“El negocio originalmente pactado sería una simple estafa y/o apropiación indebida, no existiendo por parte de dicha empresa ninguna intención de cumplir con la compraventa desde el primer momento”, señala la acción judicial.
Paralelamente, Shanghai Yuhua Fruits contactó a 11 compañías chinas que reportaron problemas similares.
En tanto, la fruta comprometida a las firmas asiáticas provenía de pequeños y medianos agricultores chilenos, quienes, según denuncian, tampoco recibieron pago alguno. “Por otra parte, al haber comprado dicha fruta, pareciera ser que sobrevendió su stock, sacándole una mayor rentabilidad al vender más de una vez los mismos productos a distintos clientes, logrando recibir gran parte del precio por fruta que no fue entregada”, añade la querella.
A esta seguidilla de acciones judiciales se sumaron hace algunas semanas nuevas demandas laborales colectivas.
El 30 de junio, un grupo de 21 extrabajadores de Superfruta demandó al conjunto empresarial para exigir el pago de prestaciones e invocar la unidad económica. A ello se agrega la acción de otros 80 exempleados, que interpusieron una demanda por casi $ 92 millones, monto acordado como finiquito que aún no han recibido.
En paralelo, cinco trabajadores presentaron otra acción judicial por $ 51 millones, buscando que se declare continuidad laboral y único empleador para fines laborales y previsionales.
Consultada al respecto, la abogada Susana Borzutzky, socia de Barruel, Balart y Borzutzky Abogados, sostuvo que su cliente intentó “culminar con una reorganización voluntaria el proceso, mediante un acuerdo de pago a sus acreedores y lamentablemente este no se logró”.
Añadió que “ahora bien el proceso de liquidación confirma, tal como lo señala el informe de la PDI en materia penal, que no existió delito de estafa y otras defraudaciones, sino que el incumplimiento de los contratos contraídos se debió a factores de mercado”, enfatizó.