Empecemos por la afiliación fraudulenta, un delito contra la fe pública, la suplantación de identidad y la organización criminal, que puede afectar directamente las elecciones de 2026. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación de corregir de manera drástica este grave acto ilícito, cometido por algunos partidos políticos que han sido denunciados por presentar ante la ONPE padrones con afiliaciones falsas para inscribir sus organizaciones.
Por el bien de la próxima elección presidencial, deben ser excluidos del proceso electoral los partidos involucrados en este grave atentado contra la democracia. Solo así se podrá garantizar orden, disciplina, seriedad y, sobre todo, legitimidad en la convocatoria a elecciones libres de sospechas de fraude. Esta acción también incentivará la participación ciudadana, generando mayor confianza en el electorado para ejercer su derecho al voto.
Es fundamental identificar y sancionar a los responsables de estas falsificaciones. La falsificación de firmas y huellas digitales constituye un delito en cualquier parte del mundo. Resulta inaceptable que, hasta la fecha, no se haya tomado ninguna medida efectiva al respecto.
Como señaló el abogado constitucionalista Enrique Ghersi Silva: “El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a criterio de conciencia, puede cancelar la inscripción”. Para que una inscripción sea válida, debe estar sustentada en firmas y huellas auténticas. Por ello, el jurado debería anular las inscripciones fraudulentas, conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General N.º 27444, la cual sanciona las acciones que violen el interés público. Una inscripción falsa constituye una violación directa a dicho procedimiento. Sin embargo, hasta ahora, no se han implementado las medidas correctivas necesarias.
La elección de 2026 es particularmente trascendental, ya que, después de muchos años, el Congreso volverá a contar con dos cámaras legislativas. Se elegirán 60 senadores, quienes tendrán un poder decisivo inédito. Por eso, es indispensable que estas elecciones sean justas, sin fraude, y que participen únicamente partidos con legitimidad y responsabilidad democrática. La composición del Senado marcará el rumbo del país en el próximo gobierno.
Hemos sido testigos del descontrol en el Ejecutivo: la renuncia del primer ministro tras negociaciones con la izquierda para designar ministros del Interior, Transportes y Comunicaciones, así como la cuestionable remoción del ministro de Economía. Todo esto refleja un caos institucional, donde las decisiones se toman sin considerar la idoneidad, capacidades o condiciones de los funcionarios. La rápida designación del nuevo gabinete el 14 de mayo de 2025 solo incrementa la incertidumbre. ¿Con qué fines se actuó con tanta premura?
¿Quién detendrá la delincuencia y el terrorismo, que han ido en aumento durante los últimos siete años? El Perú parece haber perdido a los hombres que, conforme a la Constitución, deben defenderlo frente al crimen. Hoy imperan la corrupción, la maldad y el odio. ¿Dónde están los garantes de la soberanía y los valores republicanos? ¿Se vendieron a los intereses comunistas, caviares o extranjeros? ¿Debemos resignarnos a seguir esperando un milagro?
Por si acaso, la opción de vacancia presidencial sigue abierta. Todo indica que el colapso se aproxima. Será necesario evaluar qué miembro del Congreso es el más idóneo para asumir un gobierno transitorio y convocar elecciones conforme a ley, previa actualización del reglamento de los procesos electorales.
¡Estamos advertidos!
(*) Teniente general FAP en retiro
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