La Corte Suprema de Argentina confirmó la condena de seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández por fraude al Estado en el caso Vialidad, dejando firme una sentencia histórica que también involucra a otros exfuncionarios y empresarios. Aquí, las pruebas clave, los detalles del fallo y la lista completa de condenados.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó ayer, martes, el recurso de queja presentado por la defensa de Cristina Fernández, confirmando la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Segun el fallo de 27 páginas al que tuvo acceso EFE, “el debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”.
Este pronunciamiento pone fin a un proceso iniciado en 2008, que investigó irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en las provincias de Santa Cruz (al sur de Argentina) a empresas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
Lee también:
El Frente Polisario bajo la óptica internacional
La sentencia, respaldada por unanimidad por los tres magistrados del Supremo, también desestimó el pedido de la fiscalía para agravar la pena a 12 años por asociación ilícita, confirmando la absolución de Fernández por este delito. El proceso, revisado por 16 magistrados en diferentes instancias, incluyó a diez jueces y seis fiscales, quienes concluyeron la culpabilidad de la expresidenta.
Una de las principales pruebas presentadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fue el decreto 54/2009, firmado por Cristina Fernández, que modificó un fideicomiso preexistente para incorporar a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria.
Según el tribunal, este decreto “proveyó una fuente ilimitada de financiamiento al ente vial y le permitió agilizar paulatinamente el proceso de pagos reduciendo la burocracia preexistente”. Esto facilitó la disposición discrecional de fondos, generando un perjuicio al Estado de al menos 84 000 millones de pesos, segun el juez Mariano Borinsky.