Luis Larraín
La meta de balance estructural para 2025, que fijaba un déficit de 1,1% del PIB, ha sido modificada por el ministerio de Hacienda en su Informe de Finanzas Públicas la última semana de abril. El déficit estructural alcanzará a un 1,6% del PIB. Para el 2024 se había fijado una meta de -1,9 y se llegó a -3,3%. Con el precio del litio y la operación renta de abril de ese año ya era claro que la meta no se cumpliría y se siguió gastando como si los ingresos fueran los presupuestados.
La consecuencia del incumplimiento de Boric de las metas estructurales por tres años consecutivos bajo la gestión de Mario Marcel es una la escalada del endeudamiento fiscal. La deuda que pasó de 3,9% del PIB el año 2007 a un 28,3 % el 2019, un aumento sustancial, ahora se eleva a un preocupante 42,3% del PIB.
Pareciera que el Ministerio de Hacienda ha abandonado la tradición de austeridad fiscal. Se echa de menos una acción proactiva del ministro, que revierta la preocupante tendencia del gasto público.
Pero la inquietud no se remite solo al nivel y tendencia. Se aprecia un relajamiento de los estándares de transparencia en Teatinos 120 bajo esta administración. La sobreestimación de ingresos fiscales en la Ley de Presupuesto se ha hecho ya una práctica habitual. Ella permite aprobar mayores niveles de gasto público bajo el supuesto que el déficit no será tan grande si se cumplen las estimaciones de ingreso; pero finalmente éstas nunca se cumplen y el déficit continúa aumentando. Pareciera que el balance estructural no es ya una meta, sino una fórmula que se estima y luego se explica por qué no se cumplió.
La nueva ley de responsabilidad fiscal exigió que la autoridad frente a una desviación de la meta adopte acciones correctivas. Hacienda informó un ajuste del gasto de US$ 2 mil millones. Una parte del ajuste se había acordado en la tramitación de la ley de Presupuesto (US$ 555 millones) y se sumarían revisiones por US$ 564 millones para completar US$ 1.200 millones. El resto provendría de proyectos de ley que contendrían ingresos adicionales o reducciones de gasto.
La presentación de Hacienda de acciones correctivas para una convergencia fiscal sostenible ha sido fuertemente discutida. Varios proyectos que suponen aumentos de ingresos aún no han sido presentados, se ignora su estimación de ingresos y siquiera si serán aprobados. El ministro Marcel pretende blanquear su incumplimiento cobrando más impuestos y frente a las críticas prometió revisar dichas acciones correctivas.
Pareciera que el Ministerio de Hacienda ha abandonado la tradición de austeridad fiscal, uno de los sellos distintivos de la política económica de Chile desde hace décadas. Se echa de menos una acción proactiva del ministro en esta materia, que revierta la preocupante tendencia del gasto público. Mario Marcel, en los inicios de este gobierno, representaba para muchos una garantía de que el programa del Presidente Boric, con sus agresivas reformas y promesas, no nos llevaría a un desbalance fiscal.
Desgraciadamente la trayectoria del gasto público en la última década ha sido muy expansiva, sin que esto se refleje en servicios equivalentes para los chilenos. El gasto en personal del Estado ha aumentado en un 50% superando los US$17.000 millones, pasando de 4,5 a 7,1% del PIB. La presunción de que ese gasto satisface necesidades políticas y no ciudadanas, es cada día más fundada. El aumento de la deuda pública sobre el 45% parece así inevitable, y se ha alimentado de los déficits fiscales de Marcel, que más que el guardián del Tesoro parece uno más de los que echan mano de él.