Si la última década ha estado marcada por el notable desarrollo de un mercado de finanzas sostenibles, durante el último año este desarrollo se ha puesto en entredicho. ¿Hacia dónde se dirige el mercado de finanzas sostenibles (quo vadis)? La pregunta es urgente, considerando que la OCDE advierte sobre una brecha financiera para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, diversos gobiernos, incluido el de Chile, están actualizando sus compromisos climáticos en vísperas de la COP 30 en Brasil, incluyendo a las finanzas sostenibles como instrumento de gestión para adaptarnos al cambio climático. Pero si el mercado de finanzas sostenibles como programa de política pública no logra adaptarse a trabas de eficacia e integridad, corre el riesgo de volverse una promesa estéril.
“Si el mercado de finanzas sostenibles no logra adaptarse a trabas de eficacia e integridad, corre el riesgo de volverse una promesa estéril”.
El mercado de finanzas sostenibles se sustenta en un modelo regulatorio basado en mandatos de transparencia bajo categorías y métricas estandarizadas. Así, se busca generar información que permita a inversionistas comparar consistentemente el desempeño socioambiental de empresas e instrumentos financieros para alinear capital con objetivos de sostenibilidad, promoviendo la eficiencia y entereza del mercado. Chile ha sido un referente regional en este proceso, con la dictación de la Norma de Carácter General N°461 (2021), la implementación de un Marco para Bonos Sostenibles (2023) y el desarrollo de una Taxonomía Verde (2025). A ello se suma el reciente lanzamiento del primer bono azul por parte de BancoEstado (2025).
Tal modelo enfrenta crecientes tensiones. Diversos estudios señalan que sus efectos en la conducta de actores clave como bancos o inversionistas institucionales son aún limitados. Las divergencias entre enfoques regulatorios -uno de “materialidad simple”, enfocado en riesgos financieros (EEUU, ISSB), y otro de “materialidad doble”, que incorpora externalidades socioambientales (UE)- se han agudizado con señales políticas regresivas en ambas regiones. Al mismo tiempo, grandes actores financieros están posponiendo o abondonando compromisos con la carbono-neutralidad. A nivel local, casos como el proyecto Dominga o los debates sobre capital natural reflejan otro dilema clave: ¿cómo valorar la biodiversidad sin reducirla a una mercancía?
Los desafíos actuales muestran los límites de un modelo que se limita a corregir asimetrías de información sin afectar preferencias de inversión. La urgencia climática exige por tanto repensar el diseño regulatorio de las finanzas sostenibles y la distinción entre lo financiero y lo no financiero que le subyace. Lo que está en juego no es solo el correcto funcionamiento de un mercado, sino nuestra capacidad colectiva para afrontar la crisis climática con instrumentos de política pública que estén a la altura del desafío.
