FNE investiga compra de Skechers

Hace algunas semanas se anunció que el grupo de inversión estadounidense-brasileño 3G Capital -asociado a Warren Buffett- llegó a un acuerdo para adquirir la empresa de calzado estadounidense Skechers por aproximadamente US$ 9.400 millones.

Ahora, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició una investigación para evaluar la operación de concentración -en cuanto a lo que respeta al mercado chileno- que implica la eventual adquisición de influencia decisiva indirecta en Skechers por parte del fondo.

El acuerdo considera que los accionistas de Skechers podrán vender su participación por US$ 63 por acción, lo que representa una prima cercana al 30% sobre el precio de cierre previo al anuncio. Como alternativa, se ofrece recibir US$ 57 en efectivo y una participación en una nueva sociedad privada que controlará el grupo.

Pese a la envergadura de la operación, la estructura ejecutiva de Skechers se mantendría sin mayores cambios: su fundador, Robert Greenberg, continuará como CEO, y su hijo, Michael Greenberg, como presidente. La sede de la compañia seguirá ubicada en California.

Frente judicial en EEUU

Sin embargo, el anuncio de la transacción abrió un flanco judicial en Estados Unidos. Un accionista minoritario de Skechers presentó una demanda ante un tribunal federal en Los Ángeles, para así obtener más detalles sobre la compra, alegando que la decisión del fundador y accionista controlador genera “señales de alerta”.

El escrito señala que Robert Greenberg, quien controla cerca del 60% de los votos, habría conducido un proceso cerrado, sin licitación ni posibilidad de que otros actores compitieran por la adquisición.

Según el demandante, la venta fue dirigida exclusivamente hacia 3G Capital, evitando una subasta abierta debido a los “vinculos existentes” entre ambas partes.

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Además, la demanda solicita que la empresa no concrete la operación hasta que se entregue toda la información pertinente a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), con el objetivo de que los accionistas puedan evaluar si los terminos ofrecidos son realmente equitativos.

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