Dichas medidas tienen por finalidad limitar la propiedad y participación de VTR en determinados segmentos e imponer ciertas condiciones o prohibiciones tanto de comercialización de sus productos y servicios como de contratación.
Bajo ese marco, a las 9.30 horas de este miércoles la Fiscalía Nacional Económica (FNE) recomendó al Tribunal alzarlas, tras concluir que ya no persisten los riesgos de competencia detectados el 2004, debido a la evolución económica y jurídica de los mercados involucrados en la operación.
En ese sentido, la abogada de la División de Fiscalización de Cumplimiento de la FNE, Pía Rojo, expuso sobre la evolución que han tenido en los últimos 20 años las condiciones de competencia y regulatorias en los mercados de servicios fijos de telecomunicaciones (internet fijo, TV de pago y telefonía fija) y en otros relacionados, enfocándose principalmente en analizar la vigencia de los riesgos identificados por el TDLC en su minuto.
Los principales cambios que detectó la FNE en su investigacion, y que justifican el alzamiento de las medidas, son la caída sustantiva en la participación de mercado de ClaroVTR, la reducción en las barreras de entrada para competir en la provisión de servicios fijos, el surgimiento del mercado mayorista de operadores neutros de fibra óptica y la irrupción de la televisión de pago en modalidad streaming.
